Desde el año 2018, un conflicto territorial ha enfrentado a los departamentos de Santander y Norte de Santander, específicamente en una zona limítrofe que involucra a los municipios de El Cerrito, Guaca y Santa Bárbara (Santander), y Silos (Norte de Santander).
La controversia surgió luego de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizara una modificación cartográfica que, según autoridades nortesantandereanas, sustrajo de manera indebida un territorio que históricamente pertenecía al municipio de Silos.
La disputa se centra en una extensión de 75,8 kilómetros de páramo ubicada en jurisdicción del Páramo de Santurbán y cercano al Almorzadero, áreas de gran importancia ecológica y estratégica, debido a la presencia de cultivos de papa y cebolla junca, así como de minerales como carbón, mármol y pirita. Las veredas Mata de Lata y parte de El Portillo (Guaca), y Volcanes (Santa Bárbara) son parte de las zonas en disputa.
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El IGAC da la razón a Norte de Santander
La semana pasada, en una audiencia ante la Comisión Quinta del Senado, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, presentó el concepto técnico final emitido por el IGAC, en el que se reconoce que el territorio en cuestión pertenece al departamento nortesantandereano. “Desde 1950 esa zona ha sido parte de Norte de Santander, y desde 1910, cuando se creó el departamento, se integró como parte de la provincia de Pamplona, dentro de la cual se encuentra el municipio de Silos. El límite estaba definido”, explicó el mandatario.
Villamizar añadió que la reclamación fue presentada en 2018 al evidenciarse que el mapa oficial ya no mostraba dicha zona como parte de Norte de Santander. “Nos dimos cuenta que ya no estaba una zona ligada cartográficamente a nuestro departamento”, señaló.
Aún falta la decisión del Senado
Pese al pronunciamiento del IGAC, el conflicto no está completamente resuelto. La aprobación definitiva está en manos de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, que deberá evaluar todos los elementos aportados por ambas partes para presentar una ponencia al Senado.
“Hay tranquilidad porque se escucharon nuestros argumentos. Yo creo que se ha sacado adelante una buena tarea en favor de Norte de Santander”, expresó Villamizar, quien también hizo un llamado a la participación comunitaria: “Aquí no se trata de ganadores ni perdedores, ojalá perdiéramos los gobernadores y ganara la comunidad”.
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Visiones encontradas y observaciones pendientes
Durante la audiencia pública, los funcionarios del IGAC enfatizaron que existen dos líneas de análisis que sustentan las posiciones enfrentadas: por un lado, la tradición cartográfica y estudios geocientíficos respaldan la pretensión de Norte de Santander; por otro, la tradición catastral y registral favorece la postura de Santander. No obstante, aclararon que la legislación colombiana no establece cuál de estos criterios debe prevalecer sobre los demás.
Desde el departamento de Santander, el gobernador Juvenal Díaz Mateus manifestó su inconformidad con el concepto técnico del IGAC, señalando que se omitieron dos análisis cartográficos fundamentales que podrían modificar la evaluación.
Una ponencia basada en evidencias y realidad territorial
a senadora Laura Fortich Sánchez, presidenta de la Comisión IV de Ordenamiento Territorial, indicó que se analizarán todas las pruebas presentadas por ambos departamentos. “La idea es que se tengan en cuenta los elementos que cada departamento ha presentado para la zona en disputa, incluida la cartografía, el catastro, las inversiones, etc.”, afirmó.
La comisión también tiene previsto realizar un último recorrido por la zona para consolidar una ponencia “aterrizada a la realidad”, que será llevada al Congreso para su debate final.
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Antecedentes del conflicto
La raíz del conflicto se remonta a los cambios en los mapas oficiales presentados por el IGAC en años recientes. El alcalde de Guaca, Ferney Villamizar, recordó que durante una visita técnica del IGAC, se presentaron mapas en los que su municipio perdería varias veredas a favor de Silos. Esta situación generó preocupación entre los habitantes y alcaldes de la región santandereana, que aseguran tener títulos de propiedad y registros catastrales que respaldan su permanencia en el territorio.
El conflicto ha escalado en el marco de un proceso de deslinde liderado por el IGAC, que combina aspectos técnicos, legales y políticos. Según datos del mismo instituto, Colombia enfrenta actualmente más de 20 disputas territoriales similares entre departamentos y municipios.
Una resolución aún pendiente
La disputa entre Santander y Norte de Santander es un reflejo de la complejidad del ordenamiento territorial en Colombia, donde la historia, la legalidad, los intereses sociales y económicos, y los criterios técnicos a menudo se entrecruzan. Aunque el concepto del IGAC representa un avance en la resolución del caso, la decisión final dependerá del Senado y de su capacidad para sopesar con objetividad todos los elementos en juego.
Mientras tanto, las comunidades de ambos departamentos continúan esperando una resolución que, más allá de los intereses políticos y administrativos, garantice la claridad en la tenencia del territorio y asegure el respeto a su historia, sus derechos y su identidad.
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