El recrudecimiento de la confrontación armada entre las disidencias de las extintas Farc y la guerrilla del Eln en la región del Catatumbo provocó en las últimas horas un nuevo desplazamiento masivo de 187 campesinos hacia el casco urbano de Tibú, situación que desbordó la capacidad administrativa del municipio, al agotarse los recursos económicos locales para la atención humanitaria de las víctimas.

La alteración del orden público se originó alrededor de las 3:00 de la mañana en la vereda Palmeras, sobre la vía que conduce al corregimiento de La Gabarra, donde el fuego cruzado dejó a la población civil en medio de las hostilidades y obligó a los habitantes a abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas.

El alcalde de Tibú, Richar Claro, confirmó la gravedad de los hechos y detalló que “anoche algunas familias del sector lograron salir desplazadas hacia el casco urbano”, tras quedar atrapadas en los enfrentamientos, por lo que la administración local procedió de inmediato a caracterizar a los afectados y activar los protocolos de emergencia.

El censo preliminar realizado por las autoridades locales arrojó un saldo de 60 núcleos familiares desplazados conformados por 187 personas, grupo poblacional dentro del cual se encuentran 69 menores de edad entre los cero y los 17 años.

Sin embargo, la recurrencia del conflicto armado en la zona durante el último año desató una crisis financiera en la administración, pues el mandatario local reveló que el municipio ya no cuenta con presupuesto para responder a esta nueva emergencia.

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“A la fecha ya no contamos con estos recursos, se nos hace bastante complicado poder tener una capacidad para atenderlos, por eso activamos los protocolos, las solicitudes de subsidiariedad a la unión del departamento, a la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y al Gobierno Nacional”, explicó Claro a W Radio.

El funcionario enfatizó que el llamado de auxilio se extiende a “cualquier entidad que se quiera sumar a esta atención humanitaria”, con el objetivo urgente de brindar y garantizar los derechos a una ciudadanía que, tras múltiples desplazamientos en el año, se encuentra en condiciones de alta vulnerabilidad.

Ante el panorama crítico, la Defensoría del Pueblo intervino para exigir a los actores armados ilegales el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, solicitando específicamente “cesar de inmediato los combates y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas”, así como facilitar el acceso de la ayuda humanitaria a la zona.

Mientras las instituciones analizan las medidas de protección, las autoridades locales advirtieron que en las próximas horas podrían llegar más familias desplazadas al casco urbano, dado que la continuidad de las confrontaciones en la zona rural impide el retorno y amenaza a quienes aún permanecen en el territorio.

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