En el marco del Día Internacional Contra el Reclutamiento Infantil, conmemorado el día de ayer, autoridades nacionales y regionales ofrecieron cifras sobre esta situación en Colombia y explicaron las razones que han llevado a su recrudecimiento en el último año.
De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante 2025 la institución registró 257 casos de vinculación forzada de menores de edad a los grupos armados ilegales.
Agregó que de esta cifra, el 62% corresponde a niños y adolescentes, y el 38% a niñas y adolescentes.
La Defensoría detalló que los responsables de estos actos son el Estado Mayor Central de la disidencia de las Farc; las disidencias sin especificar, el Ejército de Liberación Nacional y otros actores como la Segunda Marquetalia y el Ejército Gaitanista de Colombia.
De igual manera, la entidad aclaró que los diez departamentos en donde más se registra esta práctica de reclutamiento forzado son: Cauca, Antioquía, Chocó, Huila, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Guaviare.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo les exige a los grupos armados ilegales el cese inmediato y definitivo del reclutamiento forzado, así como la liberación de los niños y adolescentes que permanecen en sus filas.
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Adicionalmente, la entidad le reitera al Gobierno nacional la obligación urgente de fortalecer los entornos protectores, asegurar que las instituciones educativas y los espacios comunitarios sean espacios libres de violencias y consolidar una respuesta intersectorial, sostenida y territorializada que prevenga el reclutamiento y atienda integralmente a las víctimas.
Por otro lado, el Grupo de Amigos sobre niñez y conflicto armado en Colombia, que conforman 21 embajadas y UNICEF, también instó a implementar acciones concretas para poner fin al reclutamiento y uso de niñez y adolescencia en el conflicto armado en Colombia.
La organización señaló que en cinco años (2019-2024) este crimen aumentó en más de un 300% en Colombia. Esto se complementa con una cifra entregada por Naciones Unidas en 2024, donde se afirma que en promedio, un niño es reclutado cada 20 horas en el país.
Panorama en Norte de Santander
Luis Fernando Niño, consejero de Paz de la Gobernación de Norte de Santander explicó que en el departamento el reclutamiento infantil ha sido una problemática latente desde que han hecho presencia actores armados como el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc.
Sin embargo, Niño enfatizó que desde el año pasado, este tipo de reclutamiento presentó un preocupante incremento en Norte de Santander, como consecuencia de la guerra en el Catatumbo entre el Eln y la disidencia del frente 33 de las Farc.
“De acuerdo con la Defensoría, a finales del 2025 estos hechos incrementaron en un 222% en la región”, precisó.
Asimismo, el consejero de Paz afirmó que los municipios más afectados por este asunto son El Tarra, Tibú, El Carmen y los otros de la zona del Catatumbo.
Como consecuencia de esta situación, el funcionario indicó que muchos padres de familia de los mencionados municipios temen enviar a sus hijos a los colegios por la posibilidad de que los recluten en el camino, o sean víctimas de minas antipersonal.
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Otro hecho que preocupa es que estos secuestros terminan por cobrar la vida de menores de edad en combates con las fuerzas del Estado.
Con el propósito de prevenir estos casos, se conoció que la Gobernación de Norte de Santander cuenta con un comité de prevención y seguimiento al reclutamiento forzado, liderado por la Secretaría de Gobierno Departamental. De igual forma, desde la gobernación existen otros escenarios de seguimiento y denuncia, como el Comité Departamental de Justicia Transicional; la Mesa Departamental de Víctimas y el Consejo Departamental de Paz.
Por su parte, Eliana Zafra Agudelo, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos explicó que con el reclutamiento forzado se violan los derechos a la libertad, educación, recreación y a una vida digna.
Agudelo aclaró que aunque este problema afecta principalmente a hijos de familias pobres, campesinas e indígenas, en la zona urbana las bandas criminales y paramilitares también se han dedicado a reclutar jóvenes para instrumentalizarlos.
Frente a este panorama, Zafra señaló que el comité adelanta estrategias pedagógicas, de rescate y de comunicación en los territorios para prevenir y mitigar la ocurrencia de esta clase de hechos.
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