En un esfuerzo significativo por avanzar hacia una justicia que priorice la reparación integral y la dignidad de las víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevaron a cabo una jornada de articulación en Cúcuta, para socializar el Convenio Interadministrativo No. 903 de 2023.
Este acuerdo, suscrito entre ambas entidades, busca generar un impacto restaurativo tangible en Norte de Santander y hace parte de la apuesta por poner a las víctimas en el centro de la construcción de paz, con la certeza de que la única forma de construirla es con hechos y voluntad.
El convenio tiene como propósito promover una justicia restaurativa que trascienda el enfoque punitivo y busca avanzar hacia un modelo de justicia que priorice acciones concretas para la reparación integral y la dignidad de las víctimas de abandono forzado y despojo.
La colaboración entre la URT y la JEP está diseñada para fortalecer no solo los procesos administrativos y judiciales, sino también para enviar un mensaje claro a las comunidades sobre el compromiso del Gobierno con las víctimas.
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Durante estas jornadas de socialización y articulación, tanto la URT como la JEP han creado espacios de escucha en los que las víctimas son las protagonistas.
Estos encuentros son considerados un paso significativo para lograr una comprensión más profunda de lo ocurrido en el territorio según Mauricio Carreño, director territorial de la URT en Norte de Santander, quien además afirmó que “escuchar las voces que durante años fueron silenciadas” son el punto clave para construir decisiones que dignifiquen la verdad de las comunidades que han sufrido el conflicto armado.
El trabajo coordinado entre ambas entidades permitirá identificar e implementar los proyectos y acciones del Sistema Restaurativo, ya que este sistema se centrará en varias líneas de trabajo que buscan restablecer el tejido social, afectado por el conflicto armado en la región.
Entre las acciones clave están la restauración ecológica, optimización de proyectos productivos e infraestructura. De igual manera, se priorizarán líneas enfocadas en el reconocimiento de verdad, memorialización y dignificación, junto con la acción antiminas.
Un elemento central del convenio es su enfoque en los macrocasos 01 y 03 de La JEP, por medio del cual se busca favorecer directamente a los beneficiarios de restitución que fueron afectados en estos contextos.
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Específicamente, en el caso 01, se busca reparar a aquellos afectados por flagelos como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc.
Por otro lado, en el caso 03, el foco está en las víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado. El trabajo conjunto involucrará a las víctimas y comparecientes ante la JEP en estos macrocasos.
Se proyecta que este ambicioso sistema de justicia restaurativa tendrá un impacto directo en la región, estimándose que 64 personas en Norte de Santander se beneficiarán con proyectos de justicia restaurativa, cifra que subraya el compromiso del Gobierno nacional para contribuir en la construcción de paz en las regiones.
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