El Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta sancionó a la directora de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, Ranquelina Blanco Moscarella, por incumplir una orden judicial relacionada con la atención a la comunidad indígena yukpa en Norte de Santander.
La decisión fue emitida el pasado 1 de diciembre de 2025, tras concluir que la funcionaria no cumplió lo dispuesto en una tutela que protegía los derechos del líder indígena Sergio Luis Romero Romero.
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De acuerdo con el fallo, el Ministerio del Interior no respondió las peticiones elevadas en 2024 por Romero, representante de la Asociación de Comunidades y Caciques del Pueblo Yukpa (Yukpaojetaw), pese a que el juzgado había ordenado hacerlo en un plazo máximo de 48 horas.
Las solicitudes estaban dirigidas a definir acciones sobre reconocimiento, protección y garantías para esta comunidad asentada en la zona fronteriza con Venezuela.
La sentencia también había ordenado adelantar estudios técnicos y administrativos para establecer los derechos que le corresponden al pueblo yukpa, incluso en casos donde parte de su población tenga procedencia extranjera. Este análisis buscaba orientar decisiones estatales sobre identificación, protección cultural y acompañamiento institucional.
El despacho señaló que, pese a ser notificada de la apertura del incidente de desacato, la funcionaria no presentó informes ni pruebas que demostraran el cumplimiento de las órdenes judiciales. Por ello, el juzgado concluyó que hubo desconocimiento total del fallo.
Como sanción, Blanco Moscarella deberá pagar una multa equivalente a 10 días de salario mínimo legal con recursos propios. Además, deberá cumplir de manera inmediata las órdenes impartidas en la tutela. La decisión fue remitida en consulta al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, como establece la ley para estos casos.
¿Quiénes son los yukpa?
Los yukpa son un pueblo indígena ancestral del Caribe que habita en la Sierra de Perijá, zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Su cultura se sostiene en prácticas tradicionales de caza, pesca y recolección, y en una relación continua con el territorio, al que consideran binacional.
En Colombia, residen principalmente en resguardos del departamento del Cesar, como Socorpa, Menkue, El Cozo e Iroka. Diversos estudios han documentado que enfrentan problemas como desplazamientos, impactos del conflicto armado y dificultades para conservar sus tradiciones.
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En Norte de Santander, solo la asociación accionante agrupa a 293 familias, cerca de 1.238 personas, que residen en el departamento desde hace una década, consecuencia de la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. Estas comunidades se encuentran asentadas en Cúcuta, Tibú, Teorama y El Tarra.
Reclamos del accionante
Sobre los motivos que dieron origen a la acción judicial, La Opinión conoció que están relacionados con un reclamo de la Asociación Yukpa por las condiciones precarias en que viven las comunidades que representa, además de los casos de discriminación y estigmatización que han tenido lugar en los municipios donde se encuentran.
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La organización reporta cerca de 16 expulsiones entre 2014 y 2022 por parte de alcaldías de Norte de Santander; asimismo, según registros de la Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas, han sufrido amenazas, desapariciones, desplazamientos y reclutamiento forzado de menores.
De igual forma, denunciaron limitaciones en acceso a salud, educación, vivienda, agua potable y alimentación, lo que afecta la integridad colectiva del pueblo yukpa y sus prácticas culturales.
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