Cuatro exmandos del Bloque Magdalena Medio de las antiguas Farc-EP rendirán declaración entre hoy y mañana ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en una Audiencia Pública de Reconocimiento por secuestro y otros crímenes graves cometidos en Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar, la cual tendrá lugar en la ciudad de Bucaramanga.
En diálogo con La Opinión, la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, encargada de la diligencia, destacó que este encuentro entre víctimas y excombatientes es fundamental para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, además de contribuir a una paz duradera.
Una investigación que tomó más de dos años
La magistrada explicó que esta audiencia es el resultado del análisis regional del secuestro en el Magdalena Medio, una investigación realizada entre 2022 y comienzos de 2025. Durante este proceso, la JEP documentó 189 casos, que permitieron identificar responsabilidades y avanzar hacia la imputación. Los excomandantes citados aceptaron por escrito su participación en estos crímenes.
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Se trata de Erasmo Traslaviña Benavides, conocido como ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, alias ‘Alberto Cancharina’; Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’; y Fabio Gil Forero, quien fue conocido como ‘Norbey Narváez’.
Están llamados a reconocer crímenes de guerra como toma de rehenes, homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. También enfrentarán imputaciones por crímenes de lesa humanidad, entre ellos graves privaciones de la libertad, desaparición forzada y otros actos inhumanos.
¿Qué ocurrió en Norte de Santander?
Según Lemaitre, rastrear la responsabilidad directa de estos exmandos en hechos ocurridos en Norte de Santander no es sencillo, pues la estructura guerrillera se organizaba por regiones y no por departamentos. El Bloque Magdalena Medio tenía tres grandes núcleos, uno de ellos en el Catatumbo.
Para 1998, el bloque contaba con 1.785 integrantes, entre guerrilleros (1.317) y milicianos (468), cifra que se redujo a 548 al momento de la desmovilización en 2017, tras la firma del Acuerdo de Paz. La magistrada señaló que muchos responsables intermedios murieron, lo que dificulta reconstruir con total claridad las cadenas de mando.
“De los guerrilleros que se desmovilizaron en la zona, estos eran los que tenían una trayectoria significativa y habían comandado unidades que cometieron secuestros en Norte de Santander”, afirmó Lemaitre Ripoll.
Precisó que en el caso de Erasmo Traslaviña Benavides, alias Jimmy Guerrero, comandó la Unidad Norte y a su cargo tenía la coordinación del Frente 33, en el Catatumbo; y el Frente 20 en el Sur del Cesar.
Por su parte, Pedro Trujillo, conocido como 'Alberto Cancharina', comandó la Unidad Centro, desde 2012 hasta 2016. Bajo su dirección estuvieron los frentes 4 y 24, en el nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño y en el sur de Bolívar.
Jairo Cala, quien fue conocido como 'Jairo Mechas', hizo parte de la dirección de la Unidad Centro; mientras que Fabio Gil, alias 'Norbey Narváez', estuvo encargado de las finanzas del Frente 23, una estructura de la Unidad Sur.
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“Ellos estaban concentrados en Catatumbo y su mayor arraigo lo tenía en La Gabarra, pero había un corredor por la cordillera oriental, por donde se movilizaban a Santander por diferentes municipios, según cómo estuviera la situación de orden público”, señaló.
Recordó que, incluso durante la Zona de Distensión (2000-2001), los combates con paramilitares obligaron a los guerrilleros a desplazarse hacia Venezuela.
Sobre la llegada del paramilitarismo a Norte de Santander, explicó que fue un fenómeno tardío, cerca de 10 a 15 años después de su surgimiento en Cimitarra (Santander), atraído principalmente por el negocio del narcotráfico.
Aportes de la audiencia
Para la magistrada, “creo que si hay una zona que podría estar abierta a la reconciliación es el Magdalena Medio”, debido a que -a su juicio- el conflicto cambió profundamente y porque las Farc perdieron apoyo cuando el secuestro se convirtió en una práctica recurrente. La población campesina, que inicialmente no rechazaba a la guerrilla, se distanció de ella al ver el impacto de estos crímenes.
Hacia finales de los años noventa, la frecuencia del secuestro disminuyó en esta región, aunque continuó en otros puntos del país. Aun así, Lemaitre confía en que esta audiencia permitirá escuchar a los responsables y avanzar en procesos de perdón, siempre que se reconozca el daño y se contribuya a repararlo.
Pero ¿Qué pasa no aceptan responsabilidad? Aunque es un escenario poco probable, por los avances que se han dado, la magistrada explica que si los excomandantes citados no reconocen los hechos, el caso pasará a juicio y, de perderlo, enfrentarían penas de cárcel.
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“Esto pareciera ser fácil, pero no todo el mundo está preparado para hablar en público y suelen ser momentos muy emocionales en los que, si la gente no está preparada, pueden no lograr hablar o no decir lo que quería decir”, dijo Lemaitre.
Justamente por la emocionalidad que predomina en estos encuentros, los participantes, tanto víctimas como excombatiente, asisten a encuentros privados como parte de la preparación necesaria para evitar revictimizaciones.
Profesionales en justicia restaurativa acompañan estos espacios, para que tanto víctimas como comparecientes puedan expresar —de manera segura— lo que desean decir en público: dolor, ira, perdón o reflexiones espirituales.
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