La crisis en el sector carbonero, gran consumidor de combustibles; el contrabando desde Venezuela, el cual nuevamente toma fuerza en el área metropolitana de Cúcuta; y la llegada de hidrocarburos hurtados para el narcotráfico, procedentes de Cesar; tienen a los empresarios de las estaciones de servicio (EDS) al borde de un precipicio.

El escenario fue descrito a La Opinión por varios propietarios de EDS, quienes pidieron al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, prestar atención a lo que ocurre, especialmente al ingreso de gasolina desde el vecino país.

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“Me explicó alguien que, si pasa a San Antonio y tanquea en pesos, le sale por $80.000, pero si lo hace en bolívares –vía transferencia–, le cuesta $49.000. Así le sale mucho más barato. Entonces vienen y traen la gasolina para acá, como antes”, indicó una de las fuentes consultadas.

Carlos Villadiego, uno de los empresarios, afirmó que “hay un exagerado hurto de combustibles en el sur del Cesar que no está siendo controlado por el Gobierno adecuadamente, el cual de una u otra manera llega aquí”.

Resaltó que muchos decían que el hidrocarburo robado se iba solo hacia los cultivos ilícitos del Catatumbo, pero hay un excedente que lo traen hasta Cúcuta, a través de guías de transporte falsificadas.

“Hemos tenido información de que hay ventas informales donde el galón de diésel puede costar hasta $6.000 (el precio es $8.832). Una persona dueña de su carrito o de su moto no va a poner ese combustible, porque no confía en él, pero un transportador o conductor de taxi y buseta que no es propietario del vehículo sí, porque el mantenimiento lo hace el dueño”, apuntó Villadiego.

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En riesgo el empleo formal

Jairo Jaramillo Matiz, responsable de otra EDS, reconoció el aumento de pimpineros o comerciantes informales de gasolina, los cuales han sido plasmados en fotos para que, a través de la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Asesnort), las autoridades tengan pruebas y actúen.

“Se ha remitido esa información al director de Hidrocarburos del Minminas. La situación no solo se ve en Cúcuta, también en El Zulia, Los Patios y Villa del Rosario, entre otros municipios, lo cual está afectando a los minoristas y a los ingresos de los municipios y del departamento”, resaltó.

Jaramillo agregó que las estaciones de servicio más grandes tienen entre 15 y 20 empleados, las más pequeñas entre tres y cinco, puestos de trabajo que la ilegalidad pone en riesgo.

La directora ejecutiva de Asesnort, María Eugenia Martínez, afirmó que no se explican cómo en las calles se consigue el galón de gasolina en $11.000 y $14.000, cuando su precio es de $14.400.“Ministro –Edwin Palma–, pongámosle cuidado al contrabando, porque nos afecta. Le hemos escrito varias veces y le hemos pedido una cita al gobernador y tampoco hemos sido oídos. Las estaciones no son las únicas que van a perder, también los entes territoriales, porque los municipios reciben el 75% de sobretasa de la gasolina; el departamento, el 25%; y la Nación, el 50%”, dijo a Martínez.

La líder gremial precisó que, en lo que va de año, el recaudo por sobretasa de la gasolina le ha dejado a Cúcuta más de $20.000 millones mensuales. Precisó que esta cifra ha venido bajando desde septiembre, por la ilegalidad en la comercialización de combustibles.

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Caen las ventas

En los últimos meses, de acuerdo con los empresarios de los combustibles, se ha percibido una reducción paulatina en las ventas, acentuándose en noviembre y este mes, cuando suele haber mayor consumo por la temporada. Aunque cada estación tiene un panorama particular, el promedio de la caída es de entre 15% y 20%.

La directora ejecutiva de Asesnort indicó que hay EDS, por ejemplo, en la recta de Corozal, que dejaron de vender 50.000 galones mensuales, que son cinco camiones cisterna. Lo cual les preocupa, porque al estar en una vía nacional –carretera hacia Bogotá– su cupo debería venderse todo.

“Nosotros le hemos hablado al Gobierno de las bajas ventas, sobre todo al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que nos han dicho que están para actuar y controlar el contrabando, pero el apoderamiento de hidrocarburos lo tiene otro tipo de autoridad”, concluyó Martínez

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