El problema del mercenarismo en Colombia va más allá de la contratación de los exintegrantes de las Fuerzas Militares para que cumplan misiones en África y Europa, en conflictos de Sudán y Ucrania, como ha venido ocurriendo.

Ellos tan solo son la punta del iceberg, porque en la base de ese fenómeno están los contratistas, que son empresas que funcionan con una fachada muy diferente a la misión que cumplen: emplear combatientes.

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La Opinión conversó con Juan(*), un exmercenario que estuvo en Emiratos Árabes Unidos, a donde llegó contratado para prestar sus servicios debido a la experiencia militar que adquirió. Trabajó durante cuatro años y su última misión fue en Yemen; incluso, por su buen desempeño tuvo la oportunidad de comandar un grupo de hombres.

Él encontró esa “oferta laboral muy buena” a través de la empresa Mi Futuro Global, con sede en Bogotá, luego de que un conocido le hablara de esa opción, para ganarse el sustento y mejorar su calidad de vida con un salario que hoy oscila entre $15 millones y $20 millones.

“Usted entra a la página y ahí no dice claramente que necesitan militares; necesitan es cocineros, doctores, albañiles, de toda esa vaina”, afirma el exmilitar, que en ese momento estaba activo como oficial.

“Presenté la entrevista y cuando me dieron el ‘ok’, pedí el retiro del Ejército”, recordó el joven. Contó que ellos le “pagaron todo”: visas, tiquetes, alojamiento y gastos iniciales. Solo se necesita tener el pasaporte vigente, las vacunas al día y otros documentos de contratación.

Pese a que desistió de ese servicio hace más de tres años, pues decidió regresar para estar con su familia, aún le llegan ofertas para cumplir “otros proyectos en otros países”.

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“Una de las razones por las que los exmilitares se van a esos comandos es porque los sueldos aquí no suben mucho. Un mayor, un capitán, se gana aquí $5 millones o $6 millones... Ahorita mucho colombiano está demandando a quienes los están contratando, porque simplemente los sacan y ya, como uno renueva el contrato anualmente”, apunta el exuniformado.

Este colombiano integró en Dubái tres fuerzas especiales, una de ellas fue la Arab Coalition Task Force 293, con otros uniformados de Colombia, Chile, Panamá, El Salvador, Estados Unidos, Sudáfrica, Yemen, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Jordania. Otra fue la Special Support Brigade.

Sin embargo, hay otros que no tienen esa suerte, porque les prometen beneficios que no les cumplen. Incluso, de acuerdo con fuentes consultadas por este medio, se han presentado estafas, porque les piden sumas de dinero para los trámites de vinculación y, tras transferirlas, no se concreta nada.

En su portal web (https://mifuturoglobal.com/), Mi Futuro Global tiene un enunciado en el que se lee: “Los colombianos activos y retirados son bienvenidos a los nuevos proyectos”, y oferta una serie de vacantes para cargos técnicos, tecnólogos y profesionales.

Busca trabajadores con conocimientos en inteligencia de negocios, medicina, enfermería, mantenimiento y logística, electrónica, mecatrónica, sistemas, buceo, comunicaciones, deportes, cocina, guías caninos, plomería, refrigeración, mecánica automotriz, electricidad y construcción.

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En el caso de personal femenino, especifican que la candidata debe tener una estatura mínima de 1.65 metros, nivel de inglés B2-C1 y un estado físico óptimo.

La Opinión llamó a uno de los números telefónicos que Mi Futuro Global tiene publicados para saber cómo optar a un empleo y la persona que atendió preguntó sobre el tipo de conocimiento que poseía el aspirante.

La información suministrada fue que se trataba de un bachiller con oficio de plomero certificado. Sin embargo, la pregunta principal estuvo orientada a la experiencia militar.

“¿Usted prestó servicio o algo? –Sí señora”, fue parte de la conversación.

Igualmente, indagaron sobre la edad y la estatura. Luego procedieron a enviar unos formatos que se deben completar para aplicar y ver si se cuenta con el perfil que buscan.

Las fuentes consultadas señalaron que otra empresa que se dedica a la contratación de exuniformados es *Academy for Security Instruction* (A4SI), la cual, en su perfil en LinkedIn y portal digital, anuncia ser especialista en la selección de personal calificado, como agencia de gestión y colocación de empleo transnacional.

Detrás de A4SI estaría el coronel retirado del Ejército, Álvaro Quijano, quien sería el responsable de enviar a más de 300 exuniformados colombianos a Emiratos Árabes para luego llevarlos a misión a luchar la guerra civil que las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) libran contra el gobierno de Sudán, como se ha indicado en recientes reportes de diversos medios de información.

Un negocio muy lucrativo

El general retirado del Ejército, Jorge Eduardo Mora, experto en el ámbito de la seguridad, dijo a La Opinión que siempre van a existir empresas de mercenarios alrededor del mundo, “detrás de nuestros soldados o de la gente que termina de prestar su servicio militar o se retira como oficial y suboficial”, en edades que oscilan entre los 18 y los 45 años.

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“Son personas vulnerables a las que estas empresas de mercenarios  contacten; obviamente, les ofrecen contratos lucrativos, atractivos. En muchos casos les incumplen, en otros no son tan reales como se les ofrece, pero es un fenómeno bastante preocupante”, asegura.

Jorge Eduardo Mora destaca que detrás de esas firmas contratantes hay civiles, pero muchos más militares retirados que tuvieron relacionamiento durante su vida activa con pares de otros países, como Estados Unidos, Francia, España, que hablan otros idiomas e hicieron sus contactos internacionales.

“Detrás de esto hay un negocio muy lucrativo, gente con mucho poder económico que en realidad se beneficia mucho más, porque es como hablar de una empresa de seguridad”, indica.

El profesor y doctor en Derecho de la Universidad del Rosario, Mario Urueña Sánchez, señala que la constitución de estas empresas en Colombia no es novedosa, sino que desde inicios del siglo XXI ya existían.

“Ocurre mucho que, por el reclutamiento de mercenarios, cuando surgen situaciones que ponen en riesgo el prestigio y demás, estas compañías se fusionan, cambian de nombre o simplemente se disuelven”, precisa.

El magíster en Geopolítica y Seguridad Global afirma que esas organizaciones generalmente tienen una fachada en su página web, que no brinda mucha información y hacen un ejercicio de distracción de su misión, con una oferta de servicios legales; pero el trasfondo es tener contacto con sus aspirantes a través de WhatsApp para su reclutamiento, que es lo que las hace millonarias.

Más legislación

El general (r) Jorge Eduardo Mora destaca que esa situación se ve influenciada porque la legislación colombiana relacionada con la seguridad y defensa no es muy fuerte para que un hombre que termine de prestar el servicio militar, o de manera anticipada su profesión militar, obtenga una serie de beneficios laborales o de inclusión a la sociedad que le permita tener calidad de vida.

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Expresa que existen la Ley 1861 de 2017, la cual reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y movilización (enfocada en el servicio militar obligatorio), el Estatuto del Soldado Profesional y la Ley del Veterano, las cuales, aunque contemplan algunos beneficios, no son suficientemente garantes de una mejor calidad de vida para los exuniformados.

“Para tener una solución de política de Estado, hay que entrar a legislar para tratar de mejorar las condiciones de aquellas personas que pasan por la vida militar. Otro factor importante a analizar es que las estadísticas son preocupantes. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania ya van más de 300 colombianos que han fallecido”, sostuvo el exmilitar.

Subrayó que en algunos de esos países donde hay connacionales luchando como mercenarios, Colombia tiene relación diplomática, como es el caso de Sudán, lo que puede afectar o tener repercusiones en ese relacionamiento.

“Muchos de ellos no solamente están siendo incorporados en estas empresas mercenarias, sino que también a grupos armados organizados de Colombia y bandas transnacionales, que actúan en el narcotráfico y todas las economías ilícitas en la región y en el continente. Es muy preocupante la situación y el Gobierno está en mora de revisar la legislación que existe, de reformarla y de adecuarla ante este fenómeno”, aseguró el general.

Finalmente, expresó que la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, debe soportar la política colombiana contra ese flagelo.

Mario Urueña Sánchez aclaró que no hay ley que regule esas empresas contratantes, las cuales tienen fachadas de vinculación laboral legal y transparente, las cuales no brindan mucha información. Además, la captación de mercenarios tiene más fuerza a través de contactos por WhatsApp.

El experto insistió en que no solo basta tener una ley que ratifique la Convención Internacional de la ONU, que es el proyecto que se discute en el Congreso, sino que se requieren otras normas que establezcan penas de prisión o mecanismos de cooperación internacional para obligar a regular y sancionar a las reclutadoras y que actualicen la muy rezagada Ley de Veteranos.

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