La Procuraduría General de la Nación presentó un informe preventivo con posible incidencia disciplinaria, fiscal y penal, sobre la contratación del servicio de alimentación en la Cárcel de Cúcuta y El Pedregal en Medellín, donde se evidencian incumplimientos reiterados que presuntamente estarían vulnerando derechos humanos en materia de alimentación, en conexidad con el derecho a la salud.
Este informe tendría relación con los problemas que se presentaron con la prestación del servicio de alimentación en el recinto carcelario de Cúcuta en el mes de abril, los cuales fueron denunciados por los reclusos, sus familiares y los mismos funcionarios del Inpec.
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En ese momento, la denuncia fue hecha directamente contra el consorcio UT Unión Uspec 2024, encargado del despacho y suministro de alimentos.
Esta situación propició una inspección en el centro carcelario en el mes de mayo por parte deb representantes del Ministerio de Justicia, Procuraduría y Defensoría, donde evidenciaron las condiciones en las que se encontraban los espacios de almacenamiento y preparación de los alimentos, hallazgos que habrían sido determinantes en el informe del Ministerio Público.
Entre los hechos reportados en su momento por los privados de libertad destacan la poca cantidad de alimentos, el incumplimiento del menú nutricional establecido, la calidad y condiciones en que llegaban, pues algunos internos indicaron que algunas comidas llegaban en estado de descomposición, por lo que a veces muchos preferían no consumirlos.
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“No como sopa, ensalada, ni papa o yuca, solamente la presa (la proteína) y eso cuando no es carne porque no puedo masticarla. Solo como arroz y tal vez pollo, pero a veces llega crudo y los olores son nauseabundos. He perdido 7 kilos por estar a dieta de café y pan”, narró Juan Carlos a La Opinión en esa oportunidad, uno de los reclusos, con más de 13 años detenido en la cárcel de Cúcuta.
Esta problemática venía afectando a los cerca de 2.870 internos del Complejo Penitenciario de la ciudad.
Lo que viene
A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría confirmó que luego de la interventoría de los contratos de alimentación detectó múltiples fallas en los citados establecimientos de reclusión, relacionados con “la calidad, cantidad, tiempos de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos suministrados, una situación que impacta negativamente la salud física y mental de las más de 7.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL)”.
En consecuencia, el Ministerio Público corrió traslado del informe preventivo a la Fiscalía General, a la Contraloría y al eje disciplinario de la Procuraduría, con quienes trabaja articuladamente para aunar esfuerzos frente a las deficiencias en la alimentación, un servicio público esencial que debe prestarse con calidad, oportunidad y suficiencia.
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