Tras 27 años de dejar sus predios abandonados por la incursión paramilitar en Cáchira, Norte de Santander, María del Rosario Ortega Rolón y José Ricardo Vanegas Tarazona hoy ven que se ha hecho realidad su deseo de vivir una vejez en paz.
Esto fue posible gracias al cumplimiento de una diligencia judicial en que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) les hizo entrega material de su predio, de 26 hectáreas más 837 metros cuadrados.
En 1998, hombres encapuchados llegaron a Buenos Aires III, una vereda del municipio de Cáchira. Llamaron por su nombre a José Ricardo y, cuando él acudió, le manifestaron que tenía que desocupar. Esta situación lo obligó a él y a su familia a dejar el predio abandonado.
Pero años después, a través del acompañamiento y gestión de la URT, lograron la sentencia de restitución. Hoy, con el cumplimiento del fallo judicial, recuperan su vida y los proyectos que la violencia les había quitado.
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“Yo me siento muy feliz: fueron 27 años esperando el regreso a estas tierras. Aquí, con mi esposo y mis hijos formamos nuestro proyecto de vida, y un día la violencia nos arrebató todo. Regresar representa la posibilidad de vivir una vejez en paz con mi esposo. Esta tierra lo es todo, y que hoy tengamos la oportunidad de terminar nuestros días aquí, significa que los sueños sí se cumplen. Gracias a la Unidad de Restitución de Tierras por devolvernos la alegría y la esperanza”, manifestó María del Rosario Ortega.
Además de la restitución material, la URT debe garantizar la asesoría técnica y los recursos para la implementación de proyectos productivos. Además, según el fallo judicial, los beneficiarios tendrán el apoyo del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Snariv) y asistencia en temas de vivienda, educación, salud, alivios y/o exoneración de pasivos, formalización del predio, actualización catastral, seguridad y protección, entre otros, para reiniciar sus proyectos de vida.
“Estas acciones son las que nos permiten construir paz y justicia social en los territorios y reafirmar el compromiso que tiene la entidad y el Gobierno Nacional para restablecer los derechos de las víctimas de la violencia”, recalcó Mauricio Carreño, director territorial de la URT en Norte de Santander.
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