Por: Denis Honorio Silva Sedano
Vocero Pacientes Colombia
En 2025, la salud en Colombia vivió uno de sus años más oscuros en décadas. Lo que comenzó como un deterioro progresivo del sistema terminó convirtiéndose, según organizaciones de pacientes, en una crisis humanitaria sin precedentes causada por decisiones políticas tardías, improvisadas y mal comunicadas.
Hoy, el testimonio de quienes dependen día a día del sistema —pacientes crónicos, enfermedades raras, personas con discapacidad, cuidadores y familias enteras— revela un país que se sintió abandonado. La promesa de ser la potencia mundial de la vida quedó solo en eso, una promesa.
Una crisis humanitaria creada desde el gobierno
Para los pacientes, la crisis no fue un accidente: fue el resultado de acciones y omisiones del Gobierno Nacional.
Durante el año, las demoras en los giros de la ADRES para pagar presupuesto máximos, los cambios abruptos en el modelo de aseguramiento y la ausencia de un plan de contingencia llevaron al desabastecimiento de medicamentos por falta de pago a los proveedores, a la suspensión de tratamientos y a la parálisis de redes hospitalarias.
Según datos de varias de las 2.023 organizaciones del Movimiento Social Pacientes Colombia, más de 2 millones de afiliados experimentaron interrupciones en servicios esenciales en algún momento de 2025.
Pacientes Colombia y otras organizaciones reportaron que el 68% de las personas con enfermedades crónicas sufrió retrasos de más de 15 días en medicamentos vitales, algo nunca visto desde 1994.
Un país polarizado mientras los pacientes esperan
La discusión sobre la reforma a la salud convirtió el debate público en un campo de batalla.
El país se dividió entre quienes defendían el modelo propuesto por el Gobierno y quienes lo rechazaban rotundamente.
En medio de esta polarización política, las necesidades genuinas de los pacientes quedaron relegadas.
Mientras funcionarios y congresistas se enfrentaban en redes y en debates televisados, las salas de espera seguían llenas y las familias continuaban recorriendo hospitales buscando medicamentos que no llegaban y enterrando a sus muertos
Los muertos que no se contaron
Una de las cifras más dolorosas es también la más desconocida: la mortalidad asociada a fallas de atención y resultado de la crisis explícita.
Organizaciones de pacientes documentaron casos de personas en diálisis sin sesiones completas, niños y adultos sin medicamentos; huérfanos, adultos mayores sin acceso a anticoagulantes; mujeres gestantes sin controles prenatales oportunos, y miles de quimioterapias no realizadas por falta de pago.
Aunque no existe un dato oficial —porque el Estado no reconoce aún un indicador de “mortalidad por interrupción de servicios”, la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) informó que 2.033 pacientes murieron en 2025 solo con enfermedades de este tipo.
Cada una corresponde a una historia truncada por una cita no autorizada o un medicamento que nunca llegó.
Cierre y colapso de servicios
En 2025 cerraron en Colombia más de 1.100 IPS, especialmente en zonas rurales y ciudades intermedias.
Hospitales públicos reportaron que la falta de pagos oportunos los obligó a suspender: cirugías programadas, servicios de imagenología, unidades de cuidado intermedio, entrega de insumos básicos como sondas, pañales o bolsas de ostomía.
Para millones de pacientes, esto significó perder el derecho más elemental: ser atendidos.
El personal médico y equipos de salud también pagó un alto precio. La crisis financiera llevó al despido de más de 15.000 trabajadores de la salud en 2025, entre médicos generales, especialistas, enfermeras, terapeutas y administrativos.
Sin ellos, los tiempos de espera aumentaron y regresaron escenas que Colombia creía superadas: pasillos llenos, turnos colapsados y profesionales haciendo jornadas interminables para suplir a compañeros despedidos.
Incumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional emitió dos autos (007 y 529), ordenando pagar los rezagos de la UPC y ajustar la UPC del 2025. También ordenó garantizar medicamentos a pacientes de alto costo hasta asegurar tratamientos oportunos para personas con discapacidad y otras enfermedades
Pero 2025 fue el año del incumplimiento sistemático. Fallos que exigían suministro inmediato de insumos, continuidad de servicios o protección de pacientes vulnerables quedaron archivados en despachos o ignorados por falta de presupuesto.
Para las familias, cada desacato significó angustia, riesgo y judicialización. El Estado dejó de ser garante y se convirtió en un obstáculo.
Las EPS: malas interpretaciones, discrecionalidad y confusión
El caos normativo generó un terreno fértil para las malas prácticas. Varias EPS negaron servicios alegando “incertidumbre regulatoria”, interpretaron de forma arbitraria resoluciones del Ministerio de Salud, redujeron autorizaciones, rayaron beneficios no PBS sin justificación médica.
Los pacientes quedaron atrapados en un laberinto: ni el Gobierno aclaraba, ni las EPS asumían responsabilidades.
En medio del descontento generalizado, varios líderes sociales y voceros de organizaciones de pacientes denunciaron hostigamientos y deslegitimación pública por parte de actores políticos.
Mientras tanto, el debate sobre la reforma funcionó en ocasiones como una cortina de humo, restando atención a problemas urgentes como la falta de insumos y medicamentos en todo el país, quiebras de hospitales e IPS, demoras en pagos, aumento de tutelas y PQRS de manera alarmante.
La reforma —llena de vacíos y promesas sin financiamiento— no resolvió la crisis, apenas la maquilló.
En síntesis, el 2025 fue el año en que el sistema se alejó de los pacientes y el Gobierno los abandono a su suerte.
Para quienes viven día a día la necesidad de medicamentos, terapias o cuidadores, 2025 no fue un año de transición: fue un año de supervivencia.
Los pacientes no sintieron una reforma, sintieron abandono total. Y hoy, cuando en Colombia se siguen discutiendo modelos, es claro que la deuda más grande no es técnica, ni política: es humana, pérdida de vidas.
La salud no puede seguir siendo una bandera en una guerra ideológica. Debe volver a ser lo que siempre debió ser: un derecho fundamental que salve vidas, no un campo de batalla que las destruya.
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