Apenas diez días pasaron desde que el presidente Gustavo Petro levantó el cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y frente “Raúl Reyes, de las disidencias de las Farc (EMBF), liderado por alias Calarcá, y esa agrupación emprendió nuevamente sus ataques contra la fuerza pública.

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Pese a que el jefe de Estado decidió no prorrogar la tregua, sí autorizó la suspensión de las operaciones militares y de Policía contra esta estructura armada durante un mes, con el fin de garantizar el avance en la siguiente fase del proceso de paz, que es el tránsito hacia unas zonas de ubicación, como el Catatumbo.

No obstante, el domingo, hombres del bloque Jorge Suárez Briceño emboscaron a un pelotón del Batallón de Infantería No. 22 Joaquín París, que cumplía labores de acompañamiento en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Charras, en Guaviare.

Como resultado del ataque, seis soldados murieron y cinco más fueron secuestrados, y posteriormente liberados. Otro uniformado que permanecía desaparecido fue encontrado muerto ayer.

Mientras que la disidencia de Calarcá intentó justificar el hecho, asegurando que no se trató de una emboscada, sino que hicieron uso de la legítima defensa, el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, calificó lo sucedido como una “traición” a los compromisos que apenas unos días atrás habían suscrito durante una reunión extraordinaria en La Macarena (Meta).

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“Eso representa una traición a esos compromisos para transformar el territorio hacia la paz. Pero también un crimen atroz, un delito muy grave frente a la Constitución Política y la ley colombiana. Asesinar a un militar o a un policía es un grave delito que, de acuerdo a nuestra legislación, acarrea hasta 37 años de cárcel”, señaló el ministro.

Y advirtió que la indicación que le han entregado a la fuerza pública, después de lo ocurrido, es que deben emplear su máxima capacidad, así como toda la inteligencia y contrainteligencia, y poner en marcha las acciones operacionales correspondientes para proteger a los colombianos.

Ante la grave situación de orden público en el país y el sistemático ataque contra miembros del Ejército y la Policía, la Procuraduría le envió un oficio al ministro Sánchez, en el que le pidió un informe detallado sobre lo que viene ocurriendo y le planteó una inquietud, en el sentido de si se ha contemplado la posibilidad de modificar o revocar el decreto que suspende las operaciones contra el EMBF.

Lo que se había acordado

Los compromisos a los que hace referencia el ministro de Defensa y que “traicionó” la disidencia, son los que suscribieron el pasado 13 de abril las delegaciones del Gobierno y del EMBF, durante un encuentro extraordinario en el que evaluaron avances, dificultades del proceso y definieron unos planes de acción para implementar en el territorio.

Ese día, incluso, le pusieron fecha a la realización del séptimo ciclo de conversaciones, el cual se desarrollará entre el 18 y el  24 de mayo, en Villavicencio.

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“Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir construyendo una paz sostenible hacia la terminación definitiva de la confrontación armada, que contribuya a las transformaciones territoriales, a la revitalización de la selva y la dimensión socioambiental del campesinado, los pueblos indígenas y afrodescendientes”, dijeron ese día las partes en un comunicado conjunto.

Y anunciaron que durante los siguientes meses, la mesa de diálogo se iba a concentrar en lograr acuerdos en los siguientes temas:

-Revitalización de la selva y un reconocimiento de la dimensión social y ambiental del campesinado.

-Profundizar el respeto de la población civil.

-Contribuir a implementar una política, de la mano con las comunidades, que supere la dependencia de las economías ilegales en los territorios.

-Definir el plan marco para la construcción de una ruta definitiva hacia la paz.​

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Unos días más tarde, el 17 de abril, en plena Semana Santa, el Gobierno publicó el Decreto 0448, mediante el cual se confirmó que las partes estaban camino hacia una fase mucho más avanzada del proceso de paz y por eso se tenían que crear condiciones “logísticas y de seguridad”, para transitar a zonas de ubicación, donde se dará el preagrupamiento de las estructuras que hacen parte de la disidencia.

La primera de esas zonas que se definió fue el Catatumbo, a donde llegarán los frentes y estructuras que hacen parte del Bloque Magdalena Medio del EMBF.

En el Decreto presidencial se estableció, además, que la suspensión de las operaciones militares durante un mes, tenía como objetivo asegurar “el avance en la construcción de condiciones para que el restante de los integrantes del EMBF transiten hacia el desarrollo de una fase avanzada del proceso de paz, mediante el tránsito a zonas de ubicación”.

Sin embargo, en una carta que se conoció ayer y que le habría enviado la disidencia de Calarcá al presidente Petro, se advierte que la única zona de ubicación que reconocen, es la del Catatumbo, puesto que es la única de la que se habló en la mesa de conversaciones y dicen que esta no puede hacerse “extensiva” a otros puntos de la geografía en donde esa agrupación armada tiene presencia.

Llamado al presidente

Lo sucedido en el Guaviare, con el ataque de la disidencia de Calarcá contra el Ejército, avivó las preocupaciones en Norte de Santander frente a la posibilidad de un preagrupamiento de los distintos frentes que hacen parte del bloque Magdalena Medio en la zona del Catatumbo.

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Defensores de derechos humanos como Enrique Pertuz, de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos, hicieron un enérgico llamado al presidente Gustavo Petro para que reconsidere su propuesta, pues dicen que pareciera que ni el jefe de Estado ni sus ministros de Defensa y del Interior conocieran lo que está pasando en esta subregión.

“La gran preocupación es qué pasaría si esta disidencia de las Farc no firma el acuerdo de paz con el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que este grupo se encuentra en una guerra con el Eln en esta zona. El asunto no es menor, porque estamos hablando de una concentración de unos 1.700 a 2.000 hombres”, planteó Pertuz.

Dijo que en el contexto actual del Catatumbo, los bloques y frentes que allí se concentren no se van a detener frente a los ataques y enfrentamientos que en este momento existen con el Eln. De ahí que el ambiente hoy es de zozobra, miedo e incertidumbre.

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