De cada $1.000 que el Gobierno Nacional recauda por concepto de ingresos corrientes, solo $238 se destinan a municipios, distritos y departamentos. Es decir, apenas un 23,8 %. Esa destinación –según analistas–, no solo contribuye al centralismo que persiste en Colombia, sino que explica parte de la desigualdad que se arraiga en ciertos territorios y que, en la mayoría, se traduce en pobreza y violencia.
Por ello, un grupo de congresistas –en cabeza del partido En Marcha, del hoy ministro Juan Fernando Cristo– tramita desde hace varios meses un proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución–, para aumentar las transferencias que desde el Gobierno central se le dan a los territorios a través del Sistema General de Participaciones (SGP).
La reforma llegó ayer a la plenaria del Senado –en el sexto de sus ocho debates– y desató un rifirrafe incluso dentro del Ejecutivo. Por un lado, Cristo defiende la iniciativa y destaca que lo que se busca es “tener un Estado menos obeso, menos grasoso, con menos burocracia”. Por otro lado, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, asegura que la iniciativa no es viable fiscalmente y afectaría las finanzas de la Nación.
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La nuez del asunto es el porcentaje que se pretende transferir a los territorios. Inicialmente, el proyecto proponía aumentar la partida de transferencias hasta el 46,5 % en un periodo de 10 años. Sin embargo, en medio de la controversia y las posturas de lado y lado, ayer se acordó un porcentaje que podría viabilizar la reforma: transferir hasta el 39,5 % de forma gradual durante 12 años.
