La ley de Justicia y Paz, la primera justicia transicional que nació como parte de los acuerdos entre el Estado colombiano y los paramilitares que aceptaron su desmovilización en 2004, cumple 20 años, pero contrario a lo que se esperaba, todavía hay deudas en materia de judicialización y reparación a las víctimas.

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Así lo reveló la Contraloría General de la República en el marco del foro “20 años de la Ley de Justicia y Paz en Cifras”, donde alertó que a pesar de todo el tiempo transcurrido, el Estado colombiano es el que ha tenido que asumir no solo su implementación sino la reparación de las víctimas.

“La Contraloría General de la República considera que, después de 20 años de la Ley de Justicia y Paz, la gestión del Estado colombiano ha sido ineficaz. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados”, explicó el contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

Lo dicho por el titular del ente de control fiscal se sustenta en un informe elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia que inició en junio de 2024 y contiene datos recogidos desde 2005.

Según ese estudio, el Estado destinó para la puesta en marcha de Justicia y Paz un total de $17.7 billones, recursos que han sido ejecutados especialmente por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en un 86,52%, seguido por la Fiscalía General de la Nación, 11%; la Rama Judicial, con 2,05%; el Ministerio de Justicia y del Derecho, con 0,24%, y la Agencia de Reincorporación y Normalización, un 0,19%.

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En vista de estas cifras, la Contraloría señaló que es muy grave que el Estado es el que haya tenido que asumir la carga de la reparación, pese a que los victimarios han sido objeto de extinción de dominio en torno a bienes avaluados en $24.37 billones.

“Quiero llamar la atención que, según la ley, el pago de indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz debe seguir un orden específico. En primer lugar, se deben utilizar los recursos entregados por los postulados condenados. Solo cuando estos recursos sean insuficientes, se deben utilizar fondos del Presupuesto General de la Nación para cubrir la diferencia. Sin embargo, la realidad muestra que este proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva”, precisó el contralor general.

Reiteró que las indemnizaciones judiciales han sido asumidas fundamentalmente con el Presupuesto General de la Nación (95,53% del total de pagos) y recordó que si bien se estableció que los bienes de los postulados a Justicia y Paz son los que debían comercializarse y ponerse a disposición para el financiamiento, esto no se ha hecho.

En ese sentido, urgió a las entidades encargadas de este seguimiento, a mirar de qué manera y en qué forma se avanza en esa materia, teniendo en cuenta la situación fiscal del país.

“Esto va más allá de un nivel de crítica destructiva, se trata simplemente de la imperiosa necesidad y obligación que tenemos los diferentes actores del Estado para mirar cómo desde nuestras competencias aprendemos de los errores cometidos y reafirmamos el camino, mirando cómo construimos planes de acción que nos permitan corregir esos errores que eventualmente puedan haberse cometido”, planteó Rodríguez Becerra.

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El contralor recordó que los bienes entregados por los exparamilitares para la reparación de las víctimas y, en general, todos los bienes objeto de extinción de dominio en el marco de Justicia y Paz, deben cumplir la función de resarcir el daño causado a los colombianos

Así va la Ley de Justicia y Paz

De acuerdo con el estudio elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, los principales resultados obtenidos por la Ley de Justicia y Paz en sus 20 años de aplicación son los siguientes:

• 5.079 personas postuladas a la Ley, en su gran mayoría por desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (86,9%), seguido por desmovilizaciones individuales de las Farc (10,1%) y otros grupos subversivos con 3%. 
• El 64%, más de 3.000 personas de las postuladas inicialmente, fue excluido, en su gran mayoría porque no ratificó su voluntad de acogimiento.
• A junio de 2024, el Fondo de Reparación a las Víctimas tenía registrados 3.755 bienes, por valor $24.37 billones. Mediante proceso de monetización, comercialización y enajenación de bienes inmuebles con extinción de dominio se comercializaron 42 bienes por $24.114 millones.
• En el periodo 2012 a junio de 2024, el Fondo de Reparación a las Víctimas hizo 48.131 pagos de indemnización por órdenes judiciales que beneficiaron a 29.862 víctimas, por valor de $1.11 billones. De estos, el 95,53% corresponde a pagos realizados con recursos del Presupuesto General de la Nación y solo 4,02% a recursos que se derivan de la administración y enajenación de los bienes.
• Actualmente, se encuentran activos 1.507 postulados, es decir, un 30% de los que se presentaron.
• En el período de estudio se encontraban vinculados 15.177 bienes, de los cuales, el 63,71% se investigaron de oficio por parte de la Fiscalía General de la Nación, el 24,08% fueron denunciados, el 10,5% fueron ofrecidos por los postulados y el 1,71% se entregaron en la desmovilización. Esto significa que, solo el 12,22% de los bienes fueron ofrecidos por los postulados (1.854 bienes).

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