Gustavo Petro, quien tomará posesión esta tarde como presidente de Colombia para los próximos cuatro años, no fue el candidato al que los nortesantandereanos, en su mayoría, le depositaron su voto de confianza en las pasadas elecciones.

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Con apenas el 21%  de la votación (150.000 votos), Petro se ubicó detrás de Rodolfo Hernández, el ingeniero santandereano que logró cautivar a empresarios, comerciantes y a todos aquellos ciudadanos indecisos que le apostaron a su promesa de avanzar en la reapertura de la frontera con Venezuela, como una forma de reactivar la economía de la región.

Paradójicamente, esa normalización de las relaciones con el vecino país, que también fue un compromiso suyo de campaña con Norte de Santander, pero que la gente recibió con cautela por aquello del fantasma del castrochavismo, es lo que está  más cerca de conseguir el electo mandatario.

Que los puentes se abran nuevamente al comercio y el intercambio entre los dos países hermanos, es lo que más esperan muchos. 

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Es por eso que hoy todas las miradas están puestas en el gobierno que empieza mañana con gran expectativa, por lo que pueda significar para esta región, golpeada no solo en su economía, sino por la intensificación del conflicto, la inseguridad y el desempleo.

A pocas horas de la transición en la Casa de Nariño, en La Opinión le dimos una mirada a esos principales retos a los que se enfrenta Gustavo Petro en Norte de Santander, con el fin de cambiar la percepción que por años se ha tenido de su posición política y que tanto en 2018 como este año se hizo evidente en las urnas.

Implementación del Acuerdo de Paz

La solución al conflicto que persiste en la subregión del Catatumbo pasa necesariamente por garantizar la implementación del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 con las Farc y que se ha cumplido a cuenta gotas en esta convulsionada zona del departamento.

El crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, que alcanzan las 42.000 hectáreas sembradas, convirtiendo a esta región en la segunda de Colombia con más áreas cultivadas de coca, y los pocos avances del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que requiere al menos $1,4 billones, sin contar los gastos administrativos, para ponerle freno a este problema, hacen que la situación sea cada día más compleja en el departamento.

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Por eso, en la región confían en que este gobierno pueda darle forma a lo que se pactó en La Habana, garantizando no solamente su materialización, sino los recursos que permitan que iniciativas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) sean lo suficientemente efectivos como para llenar los vacíos que en términos sociales existen en los municipios del Catatumbo.

Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la curul de paz, dijo que uno de los proyectos más importantes que espera tramitarse en esta legislatura y que se constituye en uno de los principales retos de Petro con esta región, es la creación del Ministerio para la Paz.  

Consolidar esta dependencia fue una recomendación de la Comisión de la Verdad en el Informe Final y una solicitud también de  la bancada de la paz, como una forma de recoger en ella la institucionalidad encargada de la implementación del Acuerdo.

El anhelo de la reapertura fronteriza

Apenas unos días después de ganar la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro comenzó a dar pasos hacia una eventual normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter el 22 de junio, el electo jefe de Estado informó que se había comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras “y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera”.

Esos acercamientos se materializaron la semana pasada, con el encuentro en San Cristóbal (estado Táchira) entre el canciller designado de Colombia, Álvaro Leyva, y su par venezolano, Carlos Faría, donde se acordó retomar las canales diplomáticos, como un primer paso para la esperada reapertura de los puentes que comunican a los dos países.

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Allí se advirtió, sin embargo, que la reanudación de estas relaciones será gradual y en esa medida se acordó avanzar en una agenda de trabajo para la normalización del intercambio comercial y económico, luego de siete años de tensiones y lazos rotos.

En esta zona de frontera se sabe que la anhelada reapertura no será cuestión de un día y que el proceso que se avecina será paulatino. No obstante, los nortesantandereanos confían en que a partir de mañana se acelere el trabajo con miras a esa reanudación y no se quede solo en la efervescencia del momento.

Esta semana, justamente, el senador de Cambio Radical, Edgar Díaz, presentó una proposición con el fin de que se cree una comisión de seguimiento que garantice que los compromisos adquiridos para el restablecimiento de las relaciones se cumplan y no sean solo flor de un día.

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Carlos Luna, presidente del comité intergremial, considera que el reto de este gobierno está en lograr finalmente regularizar la frontera y normalizarla en su tránsito vehicular y de personas. Dijo que con el tiempo se debe estructurar una propuesta de puerto seco y de transformación de valores agregados de lado y lado de la línea limítrofe.

Una vez esté abierta la frontera por Norte de Santander, los gremios esperan que entre el 65% y 70% de la carga que se ha movido por Maicao se traslade a esta región, lo cual equivaldría a entre 54.000 y 58.000 toneladas brutas, y entre 2.700 y 2.900 tractomulas, con un promedio mensual de entre 6.700 y 7.300 toneladas y entre 360 y 375 tractomulas.

Industrialización

En campaña, durante sus diferentes visitas al departamento, el entonces candidato Gustavo Petro insistió una y otra vez que el camino para hacer de Cúcuta una ciudad más competitiva y próspera es logrando su industrialización.

“La palabra clave es industrialización. Como todas las ciudades fronterizas de buena parte del mundo, la frontera no es un crimen, la frontera es una oportunidad. Somos la fuerza política que hoy podría garantizar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares con cualquiera que sea el gobierno de Venezuela el 7 de agosto de 2022. Ese es el primer requisito fundamental para una industrialización, porque al otro lado hay un mercado”, dijo Petro en diálogo con La Opinión, el año pasado.

Ese compromiso se lo reiteró, personalmente, el ahora presidente electo a algunos microempresarios de la región antes de la segunda vuelta, cuando los visitó para asegurarles que la capital nortesantandereana debía avanzar por el camino de la industrialización, pues solo de esta manera se van a poder superar los indicadores deficientes que persisten aquí en términos de hambre, economía informal e ilegalidad.

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En ese sentido, el reto de Petro ahora que comienza su gobierno es lograr que, como parte de ese proceso que se ha iniciado para el restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, se den pasos para empezar a pensar en una Cúcuta industrial y no comercial, como ha sido su vocación hasta ahora, para lo cual es fundamental el fortalecimiento de la Zona Económica Social Especial (ZESE) y la generación de condiciones que le permitan a las industrias asentarse aquí, como una forma de abastecer al vecino país.

Diálogos con los grupos armados

Norte de Santander, y en particular el Catatumbo y la zona de frontera, es uno de los departamentos en los que el conflicto se intensifica cada vez más, con consecuencias lamentables para las comunidades que quedan en medio de la confrontación.

Es por esa razón que en esta región se han recibido con esperanza las primeras señales enviadas tanto por parte del gobierno que se posesiona hoy, como por los mismos grupos armados, sobre la posibilidad de avanzar en una salida negociada a la disputa armada que mantienen.

Primero fue el Eln  quien confirmó su “plena disposición para negociar” con el gobierno de Gustavo Petro y luego las disidencias de las Farc, que en un video divulgado esta semana dieron a conocer la propuesta que le hacen al entrante mandatario, para avanzar en un eventual cese al fuego bilateral. 

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La propuesta de “paz total” del gobierno Petro incluye también a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que en los últimos días enviaron una carta dejando abierta la puerta para negociar su desarme, aunque en este caso no se hablaría de diálogos, ni de sometimiento, sino que acogimiento, asunto que tendrá una amplia discusión.

Teniendo en cuenta las posibilidades que ha planteado Petro desde que estaba en campaña, de avanzar por la vía del diálogo para poner fin a la lucha armada que se libra en el país, en el departamento ya se empieza a contemplar la idea de que esta propuesta pueda ser una realidad.

Esta semana, el gobernador Silvano Serrano presentó ante la Asamblea del departamento un proyecto de ordenanza para crear la Alta Consejería para la Paz y la Reconciliación, una oficina asesora que “busca ser un ente articulador con todos los sectores, vinculando el diálogo como principal instrumento, para de esta manera tener un aporte frente a la esperanza de una paz con los actores armados”.

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