"Nos hemos visto en la penosa necesidad de vender muchas veces los pañales que le llegan a mi papá, también el Ensure y de intercambiar pastillas por otras, para poder completar y comprar otras cosas, porque para nadie es un secreto que reclamar medicamentos en Cúcuta y en cualquier parte del país se ha vuelto una odisea. Si hay para una cosa, no hay para otras”, relata Mario*, un cucuteño que, en medio de la crisis de salud y económica, ha tenido que acudir a una práctica silenciosa que viene creciendo en las sombras: la venta informal e ilegal de medicamentos e insumos de uso institucional.
Y es que, como Mario, otros pacientes —empujados por la crisis, la desinformación o simplemente por deshacerse de insumos que ya no necesitan— han empezado a vender parte de sus tratamientos por unos cuantos pesos. Mientras tanto, hay quienes denuncian que, aunque intentan reclamarlos, sus medicamentos “desaparecen” del sistema sin ninguna explicación.
Lo cierto es que mientras muchos deben esperar durante semanas o incluso meses a que sus EPS les entreguen los tratamientos que necesitan para vivir, otros los están encontrando con facilidad en ventas informales o detrás de una vitrina en alguna miscelánea o farmacia. Son los mismos productos, sí; con los mismos nombres, sí; pero que se supone no deberían estar allí, que pertenecen al sistema de salud y no son de venta comercial.
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Una situación que abre un interrogante inevitable: ¿por qué medicamentos e insumos que el sistema de salud entrega gratuitamente terminan en manos de revendedores, comerciantes o intermediarios que los ofrecen como si fueran cualquier mercancía?
Una denuncia activó las alarmas
El pasado mes de octubre, la Alcaldía de Cúcuta dio a conocer que desarrolló una jornada de inspección, vigilancia y control en varios establecimientos comerciales del centro de la ciudad, tras recibir una denuncia ciudadana que alertaba sobre la posible venta de pañales de uso institucional.
Denuncia que, según le contó la Secretaría de Salud municipal a La Opinión, fue el punto de partida para que se activaran acciones de verificación.
“La Secretaría de Salud de Cúcuta, a través del equipo de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, realizó el día 21 de octubre de 2025 diligencias de inspección en cinco establecimientos comerciales ubicados en el sector céntrico de la ciudad, donde se verificó la comercialización de productos para la higiene y cuidado personal, entre ellos pañales para adultos de diversas marcas”, según información de la entidad.
Durante estas visitas, el despacho de Salud municipal aplicó una medida sanitaria de seguridad consistente en el decomiso preventivo de los productos que no contaban con la documentación que acreditara su legal procedencia, como lo estipula el artículo 577 de la Ley 9 de 1979 (Ver recuadro).
La Secretaría de Salud señaló que, aunque no se han detectado otros medicamentos o insumos de EPS vendidos ilegalmente, los pañales decomisados evidencian un fenómeno preocupante, por lo que iniciaron actuaciones administrativas preliminares para determinar posibles sanciones, manteniendo bajo reserva los nombres de los locales y avances de la investigación.
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La entidad advierte que estas prácticas afectan económicamente al sistema de salud, al desviar recursos públicos, asegurando que trabajan de manera articulada con otras autoridades para prevenir y sancionar la venta ilegal de productos institucionales. Por ahora, los artículos decomisados permanecen bajo custodia hasta definir su disposición final conforme a la normatividad vigente.
La lupa de la Personería
Mientras que, en la Personería de Cúcuta también están encendidas las alarmas frente a la circulación y comercialización no autorizada de estos productos de uso institucional en distintos puntos de la ciudad.
Óscar Dimas, funcionario del organismo de control, explica que la preocupación surgió en una mesa de trabajo con representantes de las entidades de salud municipales y departamentales, donde se discutió el comportamiento de algunos pacientes que, pese a recibir entregas acumuladas de pañales correspondientes a dos, tres o incluso cuatro meses, regresaban al mes siguiente a reclamar nuevamente sus unidades sin reportar excedentes.
La duda, comenta, surgió cuando se analizó que un paciente promedio puede necesitar tres pañales diarios, es decir, 90 pañales al mes y cuando las EPS acumulan entregas pendientes de dos, tres o incluso cuatro meses, algunos usuarios reciben entre 180, 270 o más de 300 pañales de una sola vez y, a pesar de eso, muchos regresan al mes siguiente a reclamar un nuevo suministro como si no tuvieran existencias, lo que lleva a la Personería a preguntarse “¿por qué vuelven a pedir más al mes siguiente? ¿Dónde están quedando esos pañales?”.
Pero Dimas confirma que la preocupación no solo se limita a la venta informal de pañales, puesto que la Personería también ha recibido información, aunque aún sin confirmar, sobre la venta de medicamentos de uso institucional —incluidos productos de alto costo— en algunas farmacias informales y comercios dedicados a misceláneas.
Aunque la entidad no ha recibido denuncias ciudadanas, está coordinando con las autoridades sanitarias la preparación de nuevos operativos para verificar si estos productos están siendo comercializados ilegalmente.
“Esto constituye un fraude para el sistema de salud y es un delito castigado con prisión”, advierte Dimas.
El funcionario indica que la venta o distribución ilegal de medicamentos o insumos institucionales no es una infracción menor, sino que se trata de un delito penal que puede acarrear condenas desde cinco años de prisión en adelante, además del cierre definitivo del establecimiento comercial involucrado.
De igual forma, Dimas revela que uno de los puntos que más preocupa a la Personería es el contraste entre la falta de insumos en los operadores farmacéuticos y la abundancia de productos institucionales en la calle.
“Usted va a las farmacias y parece que hubiera pasado un huracán. No hay medicamentos, no hay pañales, no hay insumos; pero afuera, en la calle, sí aparecen productos con el sello de uso institucional”, es la observación de Dimas, quien añade que esto agrava la crisis que atraviesa el sistema de salud.
En este sentido, Dimas informa que desde la Personería de Cúcuta acompañan las investigaciones y hacen seguimiento a las acciones lideradas por la Secretaría de Salud, al tiempo que evalúan nuevas rutas de verificación junto con las autoridades competentes.
Por eso es que aunque la problemática apenas se está comenzando a documentar, se espera lograr una coordinación de esfuerzos para identificar cómo están saliendo estos productos del sistema formal de salud pública y quiénes podrían estar detrás de su reventa.
“Es un proceso que apenas inicia. Al ser un tema delicado, no se puede anunciar públicamente cada paso, porque al llegar a un comercio podrían haber retirado los productos”, menciona el funcionario de la Personería cucuteña.
Lo encontrado por La Opinión
Un equipo periodístico de La Opinión recorrió distintos puntos del centro de Cúcuta y los alrededores del Hospital Universitario Erasmo Meoz para verificar lo que hasta hace unas semanas parecía solo un rumor: la presencia de pañales de uso institucional y suplementos médicos —entregados por los gestores farmacéuticos de las EPS— exhibidos y comercializados sin control alguno en ventas informales. Lo encontrado superó cualquier expectativa.
No se trata de un punto aislado ni de un par de paquetes. Varios comercios, puestos improvisados y tiendas de víveres ofrecen estos insumos abiertamente y a plena luz del día. Entre frutas, harinas, salsas y productos de la canasta familiar, sobresalen los paquetes de pañales marcados con el mensaje de “uso institucional, prohibida su venta”, un sello que indica que su distribución está restringida al sistema de salud y que no pueden venderse comercialmente.
“Hay de todas las tallas. Si los quiere de doble absorción, esos están en $55.000; los más finos, en $80.000, pero puedo dejárselos en $75.000 porque están buenos”, explica uno de los vendedores, señalando las bolsas apiladas junto a cajas de víveres.
A pocos metros, otro comerciante ofrece suplementos nutricionales: “El Ensure está en $85.000, más barato que en la farmacia, donde pasa de $100.000”.
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Durante el recorrido, varios vendedores aseguraron que muchas personas llegan a ofrecerles insumos entregados por las EPS, y que la explicación común es que “ya no los necesitan” o que “les entregaron demasiados y les sobraron”.
“A veces vienen con bolsas llenas de pañales, uno o dos paquetes sin abrir. Dicen que los cambian por comida o que necesitan plata para otras cosas”, revela un comerciante de víveres en la avenida sexta.
No obstante, otros comerciantes afirmaron —de forma reservada— que habrían sido presionados para comprar estos insumos. “Nos dijeron que tocaba recibirlos y venderlos, que eso era lo que había. Uno no sabe quién está detrás de eso, pero a veces es mejor no preguntar”, es la afirmación de un vendedor, quien pidió no revelar su identidad por razones de seguridad.
Esta versión coincide con la información que la Personería de Cúcuta dijo estar investigando: la posible participación de grupos que estarían forzando a los comerciantes a adquirir y revender productos de uso institucional.
La Opinión también extendió su recorrido hacia La Parada, en Villa del Rosario, zona fronteriza con Venezuela, donde se evidenció un escenario similar, aunque más amplio. Allí las vitrinas rebosan medicamentos, suplementos y pañales institucionales, mezclados con productos regulares de venta libre. Algunos locales ofrecen paquetes desde $25.000 hasta casi $90.000, dependiendo de la marca, las tallas y el grado de absorción.
En esta zona, varios vendedores aseguran que muchos compradores los llevan hacia el vecino país, donde conseguir suplementos, pañales o medicamentos especializados puede ser aún más difícil o costoso.
Con ello, la frontera se convierte en un corredor de comercio clandestino que facilita la circulación de insumos que deberían estar exclusivamente en manos de pacientes del sistema de salud colombiano.
Pero la preocupación aumenta al observar las condiciones en que se almacenan y exhiben los productos. Los paquetes permanecen expuestos al sol, al polvo y a la humedad; algunos frascos y blísteres reposan en vitrinas improvisadas, sin control de temperatura ni verificación de fechas de vencimiento.
¡Hasta por Facebook!
Pero eso no es todo. La comercialización ilegal de pañales de uso institucional no solo está presente en las calles.
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La Opinión también comprobó que estas prácticas se han extendido al entorno digital. En la plataforma Marketplace de Facebook, al hacer una búsqueda simple sobre “pañales para adulto”, aparecieron múltiples publicaciones que ofrecen paquetes completos —incluso por bultos— de marcas como Tena y Content, ambos con la etiqueta visible de “uso institucional, prohibida su venta”.
En las imágenes se observan decenas de paquetes apilados, algunos nuevos y otros aparentemente manipulados, ofertados como si fueran mercancía regular. Los vendedores indican disponibilidad por tallas, marcan precios variables y piden que los interesados escriban directamente a WhatsApp o Messenger para concretar la compra.
Según las publicaciones revisadas, los precios pueden fluctuar ampliamente, pero la lógica es la misma que en la venta callejera. Se comercializan productos que solo deberían ser entregados por las EPS a pacientes con una orden médica previa.
Acciones del IDS
Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud (IDS), afirma que vienen adelantando operativos de inspección, vigilancia y control para enfrentar la venta ilegal de pañales, insumos médicos y medicamentos de uso institucional que efectivamente están circulando sin autorización en tiendas de víveres, supermercados y locales no habilitados.
El funcionario recuerda que estas prácticas se registran no solo en Cúcuta, sino en varios municipios de Norte de Santander, especialmente en las zonas de frontera donde existe un flujo constante de mercancía que termina siendo trasladada hacia Venezuela.
En ese sentido, señala que La Parada, en Villa del Rosario, es una de las más complejas para su intervención por los problemas de orden público, obligando a los funcionarios a retirarse en algunos operativos ante riesgos para su integridad.
No obstante, precisa que cuando se detectan irregularidades, el Instituto Departamental de Salud reporta los casos a la Policía para que acompañe nuevas visitas y se hagan los decomisos correspondientes o la destrucción de la mercancía, según sea el caso.
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De igual forma, Bitar advierte haber encontrado ventas ilegales de insumos médicos en supermercados y que también se le viene haciendo seguimiento a droguerías no constituidas legalmente o sin habilitación respectiva.
El funcionario denuncia que en los operativos han detectado medicamentos vencidos, así como productos fraudulentos reempacados o con fechas de vencimiento alteradas. En ese sentido, al existir riesgos para la salud de las personas, el IDS puede remitir denuncias penales a la Fiscalía, además de notificar a la Policía Nacional con el propósito de intentar cerrarle el paso a esas prácticas.
Ante la pregunta sobre cómo llegan estos medicamentos al comercio ilegal, el director del IDS reconoce que, en algunos casos, pueden ser desviados desde las mismas farmacias o distribuidores que hacen las compras institucionales.
De mano en mano y ¿de farmacia en farmacia?
Durante el recorrido y la revisión de publicaciones en redes sociales, La Opinión también recogió testimonios de ciudadanos que, por distintas razones, han terminado vendiendo los insumos que les entregan las EPS. Todos pidieron reserva de identidad, pero coincidieron en algo: la crisis del sistema de salud los empujó a prácticas que jamás imaginaron.
Un hombre relata que, tras la muerte de su madre, quedaron en su casa varios paquetes de pañales que ella no alcanzó a usar.
“Algunos los regalé a vecinos que los necesitaban y llevé a un ancianato, pero otros sí los vendí. ¿Para qué los iba a dejar perder? La situación económica está dura y eso también vale plata”, revela.
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Otro testimonio proviene de una mujer con diabetes, quien asegura que sí recibe pañales de uso institucional, pero lleva meses sin recibir el medicamento fundamental para controlar su enfermedad.
“Me toca vender los pañales para poder comprar lo que de verdad necesito. Uno no quiere hacer estas cosas, pero si no hay medicinas, ¿qué más hace uno?”, añade.
Por su parte, un veedor de salud, que también prefirió omitir su nombre, revela que algunos medicamentos para la hipertensión —de alto costo y de uso institucional— están terminando no solo en ventas informales, sino también en algunas farmacias.
“Hay farmacias donde uno ve llegar gente con los medicamentos en las manos. Unos los cambian por otros, otros los venden por plata. Y lo más grave: hay farmacias que los reciben sin verificar de dónde salen”, asegura.
Además, varios consultados afirmaron que, en las afueras de ciertos puntos de entrega de medicamentos, particularmente los gestores farmacéuticos contratados por las EPS, se mueve un mercado silencioso.
“Apenas sale uno de reclamar los medicamentos, ya lo están esperando. Le ofrecen comprárselos ahí mismo. Y muchos aceptan porque o no los necesitan, o necesitan la plata, o porque les entregan cosas que no son”, es el planteamiento de otro denunciante.
Incluso algunas fuentes señalaron que parte de este negocio podría involucrar a operadores o funcionarios de los mismos gestores farmacéuticos.
Un negocio a gran escala
A nivel nacional también se ha advertido sobre este fenómeno que está creciendo y se está volviendo altamente lucrativo.
Gremios del sector farmacéutico como la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), han alertado que, en algunas regiones del país, la venta ilegal de medicamentos institucionales —los mismos que deberían ser entregados por EPS y hospitales— mueve más dinero que la venta de drogas ilícitas.
De acuerdo con las denuncias que han hecho, este mercado clandestino se alimenta del desabastecimiento, la crisis del sistema de salud y la falta de control estatal, y también involucra a algunas droguerías que retendrían medicamentos de alto costo para revenderlos.
Operativos recientes en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Cali han dejado decomisos millonarios de productos marcados como “uso institucional – prohibida su venta”.
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En Bucaramanga, en junio, se incautaron más de 5.000 unidades de medicamentos y pañales que se vendían ilegalmente por internet. Mientras que, en Barranquilla, en julio, autoridades hallaron 58.835 unidades de fármacos sin trazabilidad ni condiciones sanitarias, entre ellos antibióticos, antivirales, analgésicos y soluciones inyectables.
La brecha de precios entre la venta ilegal y la formal
Aunque los pañales para adultos mayores entregados por las EPS no deberían comercializarse, el recorrido que hiciera La Opinión permitió evidenciar que en el mercado informal estos productos se venden a precios considerablemente menores.
En el mercado ilegal
-Paquetes entre $65.000 y $75.000.
-Algunos incluso desde $25.000, según talla y marca.
-Se ofrecen en puntos improvisados, mezclados con víveres y sin control sanitario.
-Todos marcados con la advertencia “Uso institucional y prohibida su venta”.
En el mercado formal
- Pañales Tena o Content: entre $90.000 y $113.000
- Versiones básicas desde $27.000 a $31.000, dependiendo de la presentación.
-Productos con registro sanitario y trazabilidad verificada.
-La diferencia promedio puede oscilar entre $15.000 y hasta más de $20.000 por paquete, lo que explica por qué muchos compradores terminan acudiendo a puestos irregulares, pese a los riesgos sanitarios y legales asociados.
¿En qué terminará esta problemática?
Aunque el fenómeno de venta ilegal de insumos médicos institucionales hoy es más visible, las autoridades reconocen que apenas empiezan a destapar una estructura mucho más compleja.
Y es que, lo que comenzó con solo venta de pañales podría ser solo la entrada a un mercado ilegal más amplio y silencioso, sin embargo, serán las investigaciones las que deberán establecer hasta dónde llega la red y quiénes están detrás. Por ahora queda abierta la pregunta: ¿cuántos otros insumos del sistema de salud están filtrándose por las grietas del modelo actual?
*Nombre cambiado a petición de la fuente.
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