Mientras el presidente de la República, Gustavo Petro, continúa alentando la conformación de comités ciudadanos para promover el ‘sí’ en la consulta popular que anunció para sacar adelante la reforma laboral, los organismos de control empiezan a alertar sobre las serias implicaciones que tendría para las finanzas del país una convocatoria de este tipo.
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Esta semana, durante el foro ‘Elecciones 2026: un acuerdo nacional por la Transparencia’, organizado por la revista Cambio, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, advirtió que el elevado costo de este mecanismo de participación tendría consecuencias presupuestales para el país.
Tras calcular que la organización de una consulta popular como la que se está impulsando podría implicar la destinación de entre $500.000 y $700.000 millones, Rodríguez señaló que eso acarrearía ajustes o recortes en materia presupuestal, teniendo en cuenta la situación fiscal que afronta Colombia en estos momentos.
“Estamos hablando de más de $500.000 millones, cuando, paralelamente, el Estado tiene otras obligaciones que cumplir, como el endeudamiento para no perder, de pronto, la calificación. Si usted suma a ello que, eventualmente, se ha podido hacer un mal cálculo presupuestal de los ingresos, entonces termina gastando más de lo debido”, planteó.
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El titular del ente de control fiscal dejó claro que la obligación que tiene la Contraloría es advertir sobre una situación que puede generar serias consecuencias directas para los colombianos.
“Considero que la obligación que tiene la Contraloría es advertir. Es algo tan elemental y tan sencillo, porque si usted le va a colocar una carga adicional de más de $500.000 millones, pues tendrán que salir de alguna parte (sic)”, agregó el funcionario.
Ante el registrador nacional, Hernán Penagos, y el procurador general, Gregorio Eljach, el contralor Carlos Hernán Rodríguez dijo que su preocupación se sustenta en el informe que entregará la próxima semana ante la Comisión Legal de Cuentas, sobre el panorama fiscal y financiero del país.
Al respecto, anticipó que la entidad que dirige sigue viendo dificultades en el tema de recaudo. “Daré ese reporte con cifras soportadas, pero lo que sí quiero decir es que observo unas preocupaciones”, sostuvo.
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Tras advertir que este es un asunto al que no se le puede meter “polarización ni discurso político”, Rodríguez señaló que son varios los factores que se ven y deben tenerse en cuenta en el panorama fiscal, como lo que sucede con el recaudo tributario, el pago de los subsidios de energía, el cumplimiento de las vigencias futuras y lo que suman las obligaciones en el sector salud.
De las vigencias futuras consideró que deben cumplirse, pues advirtió que: “Hay algunas dentro del presupuesto que están comprometidas para obras, y no cualquier obra, sino cantidad de escuelas y hospitales que están en construcción y que, potencialmente, si no está la plata, se pueden quedar paradas y estarían en riesgo”.
No puede coincidir
Durante el foro organizado por la revista Cambio, el registrador nacional, Hernán Penagos, también hizo una breve referencia a la consulta popular que todavía sigue siendo nada más que una propuesta, porque aún no llega al Congreso con las preguntas para su aprobación.
Penagos recordó que, de acuerdo con la legislación colombiana, si el mecanismo de participación llega a consolidarse y se convoca a los ciudadanos a las urnas, este no puede coincidir con otros comicios que ya están agendados.
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Días atrás, en entrevista con La Opinión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la consulta popular para avalar la reforma laboral podría votarse en octubre, el mismo día de las consultas internas e interpartidistas.
No obstante, el registrador aseguró que la ley 1757 de 2015 establece expresamente que no es posible que una consulta como la que sugiere el presidente se convoque con otro mecanismo o ejercicio electoral.
“En 2025 tendremos cerca de 30 elecciones atípicas, la elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud y la eventualidad de las consultas”, recordó Penagos.
A propósito de la consulta, una reciente encuesta de la firma Invamer (Colombia Opina) midió por primera vez las posibilidades que tendría de ser votada por los colombianos y al respecto el 50% dijo estar de acuerdo con la iniciativa. Sin embargo, solo el 29,2% la votaría, frente a otro 29,9% que no, lo cual deja en evidencia el escenario de polarización que rodeará esta convocatoria.
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