La suspensión indefinida del traslado de los máximos cabecillas de las bandas criminales a Barranquilla, ordenada tras el fuerte choque político entre el Gobierno y la Alcaldía, dejó en un punto muerto la continuidad de la tregua entre 'Los Costeños' y 'Los Pepes' que vence el próximo 20 de enero y desnudó la fragilidad de un proceso de paz urbana que, según los expertos, es inviable sin una coordinación institucional unificada.

La disputa pública sobre el manejo de la seguridad y el destino de los recursos, protagonizada por el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y el alcalde Alejandro Char, terminó por eliminar el principal incentivo que tenían las estructuras ilegales para mantener el cese de hostilidades: su reubicación en cárceles locales. Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en conflicto, este divorcio administrativo condenó la efectividad de cualquier negociación en curso.

"Es muy difícil que pueda funcionar la mesa de diálogo socio jurídico si no se presentan escenarios de cooperación y coordinación interinstitucional entre el Distrito, la Gobernación y el nivel nacional", sentenció Trejos, al analizar el impacto de la crisis política sobre la seguridad ciudadana.

El traslado de alias 'Castor' y Digno Palomino, solicitado inicialmente por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, buscaba precisamente evitar un colapso del pacto de no agresión. Sin embargo, ante la negativa de la administración local —que alegó falta de garantías y riesgo para el Carnaval— y la posterior suspensión ordenada por el Ministerio, el escenario quedó abierto a la incertidumbre.

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Más allá del movimiento físico de los reclusos, Trejos alertó sobre una realidad que la discusión política ignoró: la mutación tecnológica del crimen. Aunque el Gobierno defendió una reducción del 84 % en la extorsión a finales de 2025 gracias a la tregua, el experto aclaró que la dinámica delictiva persiste por canales que escapan al control físico de las cárceles, independientemente de si los cabecillas están en Bogotá o en Barranquilla.

"El ecosistema criminal de la ciudad va mucho más allá de Los Pepes y Costeños y hay ciertos delitos que han venido sobrepasando las capacidades institucionales de la administración local en la medida en que demandan una coordinación o una regulación desde el nivel nacional", explicó el académico.

El investigador detalló que el grueso de las extorsiones hoy se realiza mediante la compra y venta desregulada de tarjetas SIM y el uso de "billeteras y bolsillos electrónicos" para recibir el dinero ilegal, mecanismos que siguen activos.

Mientras el alcalde Char aseguró haber invertido más de 150.000 millones de pesos en seguridad y el ministro Idárraga cuestionó el paradero de esos recursos, Trejos puso el foco en un problema estructural que ninguna de las partes resolvió: la corrupción penitenciaria.

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El experto señaló que uno de los problemas de fondo, "largamente aplazado", es la "complicidad de algunos miembros del INPEC dentro de estas redes vía extorsión, ya que ellos son los que permiten y facilitan el ingreso de dispositivos electrónicos a las cárceles". Esta variable sugiere que el debate sobre la ubicación geográfica de los presos es insuficiente si no se corta la cadena de mando criminal desde el interior de los penales.

El análisis también arrojó luces sobre la ineficacia del sistema judicial local frente al volumen de capturas que reporta la Policía. Según Trejos, existe un cuello de botella operativo que impide que los resultados operacionales se traduzcan en condenas efectivas, lo que alimenta la reincidencia de los miembros de 'Los Pepes' y 'Los Costeños'.

"Lo que estamos viendo en el caso del distrito de Barranquilla es que la Policía captura mucho, pero hay muy poca judicialización", advirtió Trejos. El académico atribuyó este fenómeno a que "los fiscales y los jueces no tienen las condiciones necesarias y los recursos necesarios para poder cumplir cabalmente con su trabajo", una falencia que debilita la posición del Estado frente a las bandas justo cuando la tregua está por expirar.

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