Una difícil situación atraviesa las mujeres del Catatumbo a raíz de la violencia de género en medio del conflicto armado. La lideresa social Alba Luz Trigos expuso esta crisis humanitaria ante los estamentos del Gobierno nacional y organismos internacionales.
Asimismo, colectivos denunciaron públicamente la campaña de intimidación y estigmatización en redes sociales que se ha ensañado contra las defensoras de derechos humanos de la subregión del Catatumbo.
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Igualmente, rechazaron de manera categórica las intimidaciones registradas contra la presidenta de Las Madres del Catatumbo por la Paz, Carmen García, durante el último año. “Los violentos quieren empañar su labor en defensa de los derechos humanos al vincularlas, señalarlas o insinuar que tienen relación o influencia con grupos armados al margen de la ley”, precisaron desde el colectivo Mujeres Abrazamos el Catatumbo.
Violencia contra la mujer
La coordinadora de la Red de Mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, describió ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la cruda realidad y formuló recomendaciones para conjurar la vulneración de los derechos humanos en los últimos años. En ese sentido, denunció con evidencias las malas prácticas relacionadas con el reclutamiento forzado de menores de edad.
“La violencia vicaria se define como el uso de los hijos e hijas para amenazar, controlar o hacer sufrir a la madre. Esta forma de agresión no solo busca causar dolor emocional, sino que también pone en riesgo el bienestar físico y psicológico de los niños y niñas”, anotó la lideresa.
El Comité de Expertas del MESECVI (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará) de la OEA concluyó su visita a Colombia con un llamado urgente al Estado para proteger la vida, la integridad y los derechos de mujeres y niñas en el Catatumbo.
“Lo que encontraron no es un hecho aislado. Es un patrón sistemático de violencia basada en género, agravado por el conflicto armado y por nuevas formas de control que hoy incluyen tecnologías digitales”.
De ese modo, se encendieron las alarmas por el uso de la violencia como mecanismo de control territorial, el reclutamiento de niñas y adolescentes, la trata y la explotación sexual, incluso mediante cámaras web.
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El Comité advirtió que la falta de acción oportuna puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado y enfatizó que la respuesta debe ser urgente, integral y con enfoque de género e inter seccional.
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