Los ajustes ordenados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en la estratificación socioeconómica han generado fuerte malestar entre los usuarios de servicios públicos en el municipio de Ocaña.
El golpe más fuerte lo sienten los abonados al servicio de gas natural, quienes enfrentan el cobro de incrementos congelados durante la pandemia. Al subir de estrato, pierden el acceso a subsidios, lo que dispara el valor de la facturación, afectando especialmente a quienes no cuentan con los recursos para asumir los nuevos costos.
“Antes pagaba 50.000 pesos; ahora, con el cambio de estrato, la deuda asciende a 200.000 pesos”, explica Alirio Peñaranda Sánchez. Otro caso, citado por usuarios, relata que una señora pasó de pagar 58.000 a 182.000 pesos, evidenciando que en algunos sectores resulta más económico volver a usar cilindros de gas propano.
La medida impacta no solo el gas natural, sino también los servicios de energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y aseo. Ante esta situación, los afectados reclaman la intervención urgente de la Superintendencia de Servicios Públicos.
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Aunque se plantean alternativas como la instalación de paneles solares mediante programas de energías limpias, la mayoría de los hogares carece de recursos para implementar estos sistemas.
Propuesta de desobediencia civil
Frente a los cobros “exorbitantes”, Carmen María Ballesteros, representante de las madres comunitarias, propone la desobediencia civil: no pagar los recibos hasta que se adopte una metodología de estratificación más justa para la clase obrera.
El jefe de Planeación Municipal, Willington Carrascal Muñoz, asegura que los ajustes se basan en un estudio realizado por la anterior administración. Además, invita a los ciudadanos a acercarse a la dependencia para solicitar una nueva visita de verificación. Por su parte, el alcalde Emiro Cañizares Plata explicó que suspendió la aplicación de la nueva estratificación al inicio de su mandato, debido al gran impacto social; sin embargo, fue requerido por la Procuraduría General de la Nación para cumplir con las disposiciones. “Estaba entre la espada y la pared”, declaró.
Subidas sin previo aviso
En urbanizaciones como Alejandría, los usuarios manifiestan su inconformidad. Hogares que estaban clasificados en estratos I y II pasaron a IV y V, lo que ha encarecido dramáticamente sus servicios públicos.
“Me acerqué a la Alcaldía, pues nunca nos notificaron. Dicen que realizaron un censo en octubre del año pasado, pero solo se basaron en fotos de las fachadas”, denunció Ludiviel Salazar Vargas.
Aura María Álvarez, ama de casa, también lamenta el golpe al bolsillo: “Nos confiamos en que el ajuste sería gradual y terminó siendo peor, ya que nos desmontaron los subsidios”.
Casos como el de Arnulfo Grazziani, quien reportó un aumento de 100.000 pesos en su factura, reflejan el desconcierto y la inconformidad generalizada.
Metrogás, por su parte, solicita a los usuarios inconformes que proporcionen su código de cliente para investigar los casos, pero reitera que los incrementos son consecuencia de los nuevos lineamientos de estratificación adoptados.
El personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano, recordó que los problemas surgieron durante la administración de Iván Duque. A través de la resolución 048 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se estableció que los costos congelados durante la pandemia serían cobrados, afectando principalmente a los estratos más vulnerables.
“No entendemos cómo trasladan esa responsabilidad a los más pobres”, criticó Bohórquez, quien además advirtió que el alto costo del gas se ve agravado por la prohibición de nuevas exploraciones en el país.
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Frente a los elevados costos, muchos usuarios están optando por regresar al uso de bombonas de gas, una solución que implica retrocesos en materia ambiental.
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