Mariana González, esposa de Rafael Tudares, confirmó que en un proceso judicial calificado como «clandestino» e inconstitucional, el abogado y yerno de Edmundo González Urrutia fue condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
La sentencia, dictada por la jueza Alejandra Romero, del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en materia de terrorismo, se conoció este martes a través de fuentes extraoficiales, sin que las autoridades hayan proporcionado confirmación formal ni acceso al expediente judicial.
Tudares Bracho, de 38 años, fue detenido arbitrariamente el 7 de enero de 2025 por agentes encapuchados del Gobierno de Nicolás Maduro, mientras llevaba a sus dos hijos al colegio en Caracas.
Desde entonces, ha permanecido en desaparición forzada durante 11 meses, sin que su familia haya recibido pruebas de vida ni información sobre su estado de salud o paradero exacto.
El juicio, que duró una sola audiencia telemática de más de 12 horas el pasado 28 de noviembre, culminó con la notificación de la condena el 1 de diciembre, vía remota, sin la presencia física del acusado ni la posibilidad de designar un abogado privado de confianza.
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Juicio express y viciado
Mariana González de Tudares, esposa de Rafael e hija de Edmundo González, emitió un comunicado de prensa este miércoles en el que denuncia la violación flagrante de los derechos humanos de su esposo.
«Rafael es absolutamente inocente de los hechos y cargos que injustamente le han atribuido, por el solo hecho de ser el yerno de mi padre», afirma en el documento, al que se adjuntó una imagen familiar.
González, quien ha liderado la lucha por vías humanitarias para obtener información sobre su esposo, resalta que el proceso ignora artículos clave de la Constitución venezolana (como el 49 sobre el debido proceso y el 25 sobre nulidad de actos inconstitucionales) y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (artículos 2, 7, 9 y 14).
«La sentencia carece de sustento jurídico y es incompatible con la Constitución», declaró Edmundo González Urrutia en un pronunciamiento público en redes sociales, donde rechazó la condena como una «represalia política» destinada a intimidar a su entorno familiar y distorsionar la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.
González Urrutia enfatizó que ni Rafael ni Mariana tienen vínculos con sus responsabilidades públicas o políticas, y reiteró su compromiso con la liberación de todos los presos políticos y personas en desaparición forzada.
El abogado penalista Zair Mundaray, exfiscal en el exilio, confirmó la sentencia a través de sus redes sociales, describiéndola como un «juicio exprés» sin garantías procesales. En paralelo, Luis Guillermo Isturiz, dirigente regional de Vente Venezuela en Miranda, recibió una condena de 20 años por cargos similares.
Mundaray, quien ha seguido casos de presos políticos, acusó al fiscal general Tarek William Saab de fabricar expedientes sin pruebas, en un patrón represivo documentado por organismos como la ONU, la CIDH y Human Rights Watch.
