El caso de una menor de 14 años ha generado profunda indignación en México, luego de que se conocieran detalles sobre su fallecimiento tras someterse a un procedimiento estético realizado de manera irregular. El hecho ocurrió en el estado de Durango y las autoridades ya han anunciado avances en las investigaciones.
Captura de la madre y el padrastro de la menor
La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó la captura de Paloma Jazmín “N” y de su pareja sentimental, Víctor Manuel “N”, señalados como responsables de autorizar y facilitar la intervención quirúrgica en la que perdió la vida la adolescente Paloma Nicole Arellano Escobedo.
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De acuerdo con la fiscal Sonia Yadira de la Garza, la madre enfrenta cargos por omisión de cuidados, participación directa en el procedimiento, falsificación de documentos, adulteración de una prueba de COVID-19 y usurpación de funciones médicas, pues habría ingresado al quirófano sin acreditación alguna.
A su vez, a Víctor Manuel “N” se le atribuye haber impulsado la cirugía sin contar con el consentimiento del padre biológico de la menor, vulnerando de manera directa los derechos parentales.
Testimonio del padre y hallazgos forenses
Carlos Arellano, padre de la víctima, aseguró que nunca fue informado sobre la cirugía. Según relató, se le hizo creer que su hija presentaba quebrantos de salud y que sería llevada a un chequeo médico. Solo días después conoció la gravedad de la situación, cuando la adolescente ya estaba hospitalizada en estado crítico.
El informe forense estableció que la causa de muerte fue un edema cerebral acompañado de encefalopatía hipóxica y bradicardia. Durante el velorio, el padre reconoció cicatrices y los implantes mamarios que evidenciaban la intervención estética.
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Investigación en curso contra la clínica
La Clínica Santa María, donde se practicó la operación, también está bajo la lupa de las autoridades, por haber permitido la cirugía en una menor sin autorización del padre biológico y sin cumplir los protocolos legales.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y se solicitó medida de prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial. El caso se ha convertido en un llamado de atención sobre los riesgos de las cirugías clandestinas y el cuidado de los derechos de los menores en México.
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