Representantes de 23 comunidades de la etnia motilón-barí llegaron a Cúcuta para instalarse en plan de protesta, denunciando los incumplimientos del Estado colombiano frente a la sentencia de la Corte Constitucional T-052 de 2017, que protege los derechos de cerca de 4.000 personas de esta comunidad.
Líderes indígenas señalaron que uno de los principales incumplimientos es la falta de delimitación de sus territorios, lo que afecta sus actividades de caza y pesca y amenaza con ponerlos en riesgo de extinción.
También denunciaron la ausencia de avances en materia de saneamiento básico, lo que los expone a enfermedades derivadas de la falta de acceso a agua potable.
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En la capital de Norte de Santander se han concentrado alrededor de 800 indígenas, entre niños y adultos, quienes aseguran que no se retirarán hasta ser escuchados por el Gobierno nacional. Aunque el gobernador del departamento adelantó un encuentro en el que se lograron algunos acuerdos iniciales —como la reubicación en un sitio definido—, las comunidades insisten en que su permanencia depende de la llegada del presidente Gustavo Petro.
El mandatario departamental explicó que deberá viajar a Bogotá para tratar la situación con las autoridades nacionales, mientras dialoga con el alcalde de Cúcuta para definir soluciones provisionales que permitan atender las demandas inmediatas de las comunidades, como alimentación, un espacio digno para su estadía y otros apoyos logísticos.
