Ocho meses han transcurrido desde el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo, producto de la guerra casada entre las disidencias de las Farc y el Eln, que ha dejado en medio una estela de muerte y dolor todavía de dimensiones incalculables. 

Aunque los números oficiales entregados por las autoridades locales indican que, a corte del 23 de septiembre, había 160 homicidios, líderes sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos aseguran que el subregistro podría ser incluso más del doble. 

"Creemos que desde hace rato esta cifra pasó por ahí",  dijo Enrique Pertuz, director de la director de la Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos en Norte de Santander, señalando que "creemos que las cifras (de asesinatos) que realmente ha dejado el conflicto armado está por encima de los 300".  

En cuanto a las razones por las cuales estas cifras no se conocen como oficiales, líderes refieren ciertas circunstancias, como restricciones de acceso a la zona de combate a las autoridades judiciales y forenses; así como la desaparición de los cuerpos por parte de los mismos subversivos. 

Sin embargo, Pertuz refiere un dato clave, y es que la mayoría de personas asesinadas corresponden a miembros de las organizaciones armadas, las cuales se encargan del traslado y entierro de sus 'caídos', o los entregan a sus familias, mientras que otros quedan sin dolientes en los campos de batalla, a merced de la naturaleza. 

"Estas organizaciones no permiten que el Estado registre o mucho menos identifique a sus bajas en combate, esto como una forma de brindarle garantías de seguridad a las familias y protegerlas de algún tipo de represalia", explicó el defensor de derechos humanos. 

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No obstante, dijo que esta situación debe llamar la atención de los organismos competentes que hacen seguimiento a este tipo de problemática, "porque no ayuda a tener una conciencia real sobre la gravedad del delito de homicidio que se viene registrando en esta guerra".  

Adicionalmente, dirigentes de la región han cuestionado los datos manejados por el ministro de la Defensa nacional, Pedro Sánchez, quien ha afirmado que más del 70 por ciento del Catatumbo está controlado por las tropas, cuando la realidad es que los grupos armados todavía patrullan la zona rural y mantienen los retenes en las vías de acceso a los distintos municipios, infundiendo temor y muerte. 

“Se matan entre hermanos”

Para José Manuel Alba, director del Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Catatumbo, manifestó que el panorama es bastante desolador.

 “Hay que recordar que la guerrilla de las Farc y Eln lleva más de 40 años en el territorio y obviamente ha consolidado una fuerza que ha desplazado a los campesinos. La confrontación de las dos estructuras armadas lleva a que la gente termine matándose entre sí, sin importar los lazos familiares y de amistad”, agregó.

Fue categórico al afirmar que entre más conflicto armado haya, será más difícil consolidar el desarrollo territorial. 

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Explicó por ejemplo como la oferta formativa universitaria se ha limitado en algunos municipios de la región, producto precisamente de esa confrontación que impide pensar en proyectos y capacitaciones, en un ambiente tan complejo como el que hoy se vive en el Catatumbo.

 Pide a los grupos enfrentados el respeto al Derecho Internacional Humanitario, dejar a la población civil por fuera de las confrontaciones, un cese al fuego bilateral y a partir de allí poder construir una región propicia para el desarrollo, pues asegura que estos conflictos solo terminan incrementando la pobreza, el desplazamiento, abandono y desigualdad en el territorio.

Con el miedo adherido en el cerebro 

Nelson Arévalo, activista de derechos humanos, habló de la descarnada realidad diaria, marcada por el miedo, la pobreza y el abandono.

Como la mayoría, coincide en que el abandono estatal y la ausencia de oportunidades son las principales causas de los males en la región del Catatumbo. Asegura que “aquí la gente quiere vivir en paz, cultivar la tierra y sacar adelante a sus familias, pero las condiciones muchas veces nos obligan a sobrevivir en medio de la violencia y la desconfianza”. 

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 “Lo que pedimos a los grupos armados es que escuchen el clamor de la población civil, que dejen por fuera de la guerra a las comunidades y que entiendan que no somos enemigos, sino víctimas de un conflicto que no provocamos. Necesitamos que paren las confrontaciones cerca de los caseríos, respeten la vida y el trabajo campesino”, añadió.

Insta a una mirada hacia el Catatumbo con seriedad y compromiso, que vaya más allá de la ocupación militar.

“La paz no se construye con discursos, ni operativos, sino con presencia integral, oportunidades y diálogo sincero. Si escuchan y apoyan, el Catatumbo puede dejar de ser sinónimo de guerra y convertirse en ejemplo de reconciliación y esperanza”, sostuvo.

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