En 1935, el departamento por intermedio de su Asamblea se propuso actualizar sus rentas y para ello impulsó la expedición de las normas correspondientes, dándose como resultado la aprobación de la Ordenanza 27 de ese año.

El recaudo del impuesto predial apenas comenzaba a aparecer en el horizonte tributario del país y para ello era esencial la conformación de los catastros regionales que les permitiera a los entes territoriales de la época, el cobro formal de sus impuestos.

Era, entonces para el departamento, que lo más altamente significativo estaba en que la bondad de esta Ordenanza dependía de la organización de las juntas municipales y de la departamental de catastro y como la labor de ésta es consecuencia de la labor de aquellas, se imponía una acción previsora, sostenida  y fuertemente inexorable y nítida a fin de alcanzar su completa eficacia.

Desde 1911 se venía legislando en el país sobre esta materia, lo que infiere que ya existía un cúmulo de mandatos que era necesario resumir para darle vida a la única que le sirviera de norma.

Le correspondió al diputado Enrique Pardo Farelo presentar el proyecto que con el tiempo sería aprobado y que aunque no podía tomarse como obra perfecta, al menos mereció la calificación de buena.

El Catastro, atendiendo a su significación etimológica, según concepto del historiador Luis Gabriel Castro, proviene de la acepción latina “capistratum”, y sirve esencialmente para determinar la capacidad contributiva de una región o país.

Expedida la Ordenanza en mención, se estableció un plazo para que los propietarios de predios, especialmente los rurales, hicieran el denuncio correspondiente a las respectivas Juntas Municipales de Catastro; el plazo vencía el 31 de diciembre de 1935 y la mayor preocupación que rondaba por las oficinas encargadas era la lentitud que se presentaba, pues argumentaban los funcionarios que “el tiempo de que se disfruta es angustioso y sin embargo, no habrá lugar a prórroga, a menos que se quiera provocar la interrupción consiguiente a la formación de las listas generales. Con todo va a finalizar el plazo y temerario sería afirmar que están terminando los denuncios en lo referente a lo urbano que por lo que es a la parte rural sus disquisiciones disturban las labores más de lo que aparentemente se cree”.

Como es común y frecuente cuando de información se trata para determinar el valor de los impuestos, la mayor dificultad radicaba en el logro de obtener datos veraces. En una crónica narrada por el escritor antes mencionado, se lee al respecto lo siguiente, que nos ilustra sobre los apuros que en este sentido se tenían: “…de aquí precisamente el exceso de malicia y las dificultades con que tropieza su correcta formación.

En el suministro de los datos por parte de los propietarios de fincas raíces, preferencialmente se juzga la operación con el criterio restrictivo de las medidas fiscales. Y hoy, cuando la política de los nuevos impuestos y la peligrosa aprobación del Tratado Comercial con los Estados Unidos han sembrado en el pueblo el sentimiento de repulsión a todo lo que parezca trajeado con el manto de las medidas fiscales, al llegar a la investigación de datos catastrales, al individuo se le encuentra cómodamente apercibido, especialmente para responder a lo relacionado con el avalúo de su finca.

La cifra que indica el contribuyente la consideraría como la misma encarnación de Astrea, y sin embargo, si es esa la que se le ofrece en compraventa, la eleva al cuadrado para que llegue a ser justa. Humanamente considerado, ese criterio generalizado es aceptable, pues a nadie se le podría exigir que se vuelva contra sus propios intereses. Y para suplir las enormísimas deficiencias a que por este procedimiento se llega a la formación del catastro, saltan luego las medidas oficiales, las cuales no siempre surten sus buenos efectos”.

En un completo análisis que hace el mismo observador, argumenta que “…las oficinas de catastro, para el gobierno y los ciudadanos tienen la misma importancia que las oficinas de registro, cuando ellas son depositarias de un catastro obtenido científicamente, al cual no se llega sino mediante los llamados planos catastrales y ya se sabe que los trabajos de geodesia que reclama el levantamiento de la carta geográfica divididos y subdivididos en la forma en que lo exige el catastro perfecto puede reputarse como una obra magna. Luego, como en el que se propugna actualmente, obedeciendo a las disposiciones de la Ordenanza, no se pide la presentación de tales planos, nadie osaría, al menos quienes entienden de estas intrincadas cuestiones, afirmar que hemos llegado a la meta en lo que se dice robustecimiento del primer renglón rentístico de los municipios.

Pero si en las oficinas receptoras de los datos que se están levantando en el departamento, éstos se estudian convenientemente y a ellos se hace siquiera una mediana crítica antes de aceptarlos, dejando de ser ‘meros buzones’ como los llama el doctor Alfonso López, entonces podremos concluir que sí se ha dado un paso en firme  en la formación del Catastro del Norte de Santander”.

La mayor dificultad, como se expresó al comienzo de esta crónica, era la información correspondiente a los predios rurales, por ello la crítica que se venía haciendo sobre el suministro de datos se hacía necesaria, dado lo imprescindible que resultaban aquellos  referentes a las fincas agrícolas, pues el cuestionario propuesto o lo contestaban mal o no lo entendían o voluntariamente no querían entenderlo, ya que en ningún caso, decían los informantes, les conviene declarar la verdad. Esto no era ninguna novedad.

En el catastro, la parte rural es altamente significativa puesto que no  solamente se van a conocer las superficies cubiertas de productos agrícolas sino que también se consideraban  productos industriales como el café, el trigo el algodón, las maderas entre otros.

En la extensión de las superficies cultivadas y su repartición, según la naturaleza de los productos, es muy interesante propender por el conocimiento del número de parcelas que comprende cada finca, lo cual constituye la base para el estudio de los problemas sociales que pueden presentarse.

Para finalizar la crónica se concluye que la importancia que los resultados de un catastro bien elaborado, representan para los hombres del Estado, las bases para el planteamiento de las cuestiones que se relacionan con las, a veces, terribles mutaciones fiscales y económicas de una región. Por esto, los países de civilización avanzada no disminuyen gasto alguno en las investigaciones que reclama la ejecución científica del catastro.

Así pues, con esta reforma, se introdujo al departamento en la modernidad fiscal de mediados del siglo pasado.

Redacción

Gerardo Raynaud D.

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