La Contraloría General de Norte de Santander decretó medidas cautelares preventivas sobre un bien inmueble del aspirante a la Gobernación, Diego González, por hechos  que tuvieron lugar durante su paso por la Alcaldía de Los Patios (2016-2019).

El embargo de la casa que habita González, ubicada en un conjunto cerrado en el municipio metropolitano, se da en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal abierto contra el exalcalde por un presunto detrimento patrimonial de $3.444 millones, pero sobre el cual no hay un fallo definitivo.

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En un oficio remitido al registrador de Instrumentos Públicos de Cúcuta, el contralor auxiliar delegado para responsabilidad fiscal solicitó “la inscripción del embargo del mencionado inmueble decretado. (…) Una vez efectuada la inscripción de la medida, favor remitir copia del certificado de libertad y tradición de la matrícula inmobiliaria del inmueble citado”.

La Opinión conoció que la solicitud de embargo tiene su origen en la expedición de unas licencias de construcción sobre unas áreas de cesión en Los Patios, entregadas durante el periodo que González fue alcalde, las cuales, al parecer, no cumplen con los requisitos y no han sido entregadas al municipio de manera formal, a través de escritura pública.

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Los hallazgos surgieron luego de una visita adelantada por la Contraloría a dichas áreas de cesión, como parte de la vigilancia que hace la entidad al uso de los recursos públicos. En ese proceso se detectó que a la fecha no le habían hecho las respectivas escrituras a los predios, lo cual se constituye en un hallazgo fiscal.

“Como Contraloría, estamos en la obligación de recuperar el dinero y ellos están en la obligación de exigirles a los contratistas la devolución del terreno a nombre del municipio. Mientras no pase eso, el funcionario debe pagar con su propio peculio”, explicó el ente de control fiscal.

La medida cautelar sobre la casa del aspirante a la Gobernación, sin embargo, es de carácter preventivo y se da como parte del inicio del proceso de responsabilidad fiscal, con el fin de evitar que los bienes puedan ser vendidos, cedidos o enajenados, y así poder recuperar parte de los dineros afectados, en caso de que el fallo se resuelva en contra del funcionario investigado.

No obstante, el embargo no conlleva necesariamente el desalojo de las personas que habiten actualmente la vivienda, por tratarse apenas de una medida preventiva.

Entre tanto, Diego González  tiene la posibilidad de interponer los respectivos recursos, entregar sus descargos y desvirtuar las presuntas irregularidades por las que se le investiga.

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El contralor de Norte de Santander, César Lindarte, aseguró que la decisión que acaba de tomar su despacho no tiene implícito un tinte político, ni obedece a retaliaciones entre campañas, por los mensajes que en los últimos días ha enviado a través de sus redes sociales el candidato González, en contra del exgobernador William Villamizar, quien aspira a un tercer periodo.

“Esta es una facultad que tiene la Contraloría como medida preventiva”, aseguró Lindarte.

Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial por parte del candidato al primer cargo del departamento

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