Norte de Santander, Bogotá, Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca es la oprobiosa lista de las regiones con más casos de trata de personas en Colombia, donde las mujeres, niñas y adolescentes  figuran como las principales víctimas.

Hay una lógica en que el departamento ocupe el primer lugar con 43 casos confirmados por la Defensoría del Pueblo en esta problemática, y es su localización fronteriza que genera el ingrediente adicional de las bandas internacionales que entre la diversidad de crímenes que perpetran, se encuentra ese.

Delicado resulta que la región nortesantandereana esté de lejos ganándole a Bogotá (25 casos) que tiene más de ocho millones de habitantes o el Valle del Cauca (20) con 4.6 millones de habitantes o Cundinamarca (13) que tienen una población de 3.24 millones de personas.

Pensemos que pudiera haber un subregistro, lo cual implicaría que la situación sería de peores características, con  esas mafias que atrapan mujeres, la mayoría de las veces para prostituirlas en el país o en el exterior, aunque también las utilizan para ser sometidas a trabajos forzados.

La Defensoría del Pueblo, al conmemorarse, recientemente, el Día Mundial contra la Trata de Personas, instó al Estado, con el apoyo de la comunidad internacional y la sociedad en su conjunto, a fortalecer la definición e implementación de políticas públicas que permitan de manera temprana y urgente prevenir la esclavitud dentro y fuera del territorio colombiano.  

La detección y registro de casos, así como la persecución y sanción penal de las redes y victimarios autónomos, es uno de los componentes que deben vigorizarse desde las distintas instancias encargadas de combatir este delito.

La evaluación de manera progresiva y participativa de los impactos en la implementación de la Estrategia Nacional para la lucha contra la Trata de Personas (Decreto 1818 de 2020), es otra de las recomendaciones expuestas para que esta modalidad de violación de los Derechos Humanos sea contenida.

La definición e implementación de acciones que permitan el acompañamiento integral a la población migrante, con el fin de mitigar el alto riesgo de esclavización en el que se encuentra, es también una urgencia que se hace evidente, teniendo en cuenta que esta es otra población en esta de vulnerabilidad.

Este hecho delictivo se comete cuando una persona capta a otra sin importar su género, edad, origen, nivel económico o educativo para ser explotada frecuentemente en otra ciudad o país al de origen de la víctima, para convertirla en esclava sexual o forzada a intensas jornadas de trabajos sin ninguna clase de remuneración o prestación social, al igual que a la mendicidad o hasta para contraer relaciones maritales por obligación.

En estos momentos, la Dirección Nacional de Defensoría Pública, atendiendo a las disposiciones contenidas en la Ley 985 de 2005 y en el Decreto 1066 de 2015, está representando judicialmente a víctimas del delito en 124 procesos penales.

La educación tiene que jugar aquí un papel esencial para desde las aulas advertirles y exponerles a los niños, adolescentes y jóvenes que ese peligro anda suelto en las esquinas y que no es un juego sino una realidad de alto riesgo, puesto que recordemos que esas organizaciones se aprovechan de las necesidades y condiciones de precariedad económica de quienes han sido ‘escogidos’ para caer en esas redes explotadoras de trata de personas.