Una masiva violación de los Derechos Humanos se registra actualmente en Cúcuta como consecuencia de un hacinamiento de detenidos del 400% en las estaciones de Policía y los CAI de la ciudad, cuyas celdas apenas tienen capacidad para albergar a 141 presos.

Al haberse convertido en pequeñas cárceles donde hoy se encuentran 678 presos, vigilados por 110 policías que a la fuerza se convirtieron en ‘carceleros’, aquí le aparece una amenaza adicional a la maltrecha seguridad ciudadana.

Por un lado, esos agentes o patrulleros al cambiar su papel, dejan un vacío en el pie de fuerza policial que desarrolla en las calles los operativos de presencia y control que a su vez le resta fuerza a la operatividad policíaca en contra de la delincuencia común y organizada.

En este aspecto, el derecho a la vida de los cucuteños se ve comprometido por la sencilla razón de adolecer la ciudad de un penal municipal o de un establecimiento técnicamente conocido como el Centro Temporal de Reclusión que conjure este caos penitenciario y le permita a  la policía seguir en su misión básica.

Pero también conlleva al aumento de la percepción de inseguridad sectorial en los barrios en que se encuentran las hacinadas sedes policiales, como por ejemplo la de La Libertad con 54 personas capturadas en un espacio para 15, o los CAI Aeropuerto con una superpoblación de detenidos del 780% y el de Belén con el 775%.

Eso es un riesgo  evidente para los vecinos que se ha vuelto cuestión de peligrosa realidad con las fugas que han protagonizado muchas de las personas llevadas a esos lugares que no presentan las condiciones carcelarias, como las ocurridas en las estaciones del barrio Kennedy o de Betania en Los Patios.

Y otro peligro latente es la Estación Centro, en Corral de Piedra, cerca del Coliseo Menor, en donde según el informe periodístico de La Opinión hay 136 personas privadas de la libertad.

Además, esta crisis que es de talla mayor, también implica para los capturados que llegan a esas improvisadas prisiones unas delicadas condiciones de salubridad y permanencia porque no tienen lugares adecuados para permanecer y dormir, aparte de inconvenientes relacionados con el desarrollo de sus procesos.

Este desbordado y riesgoso problema también implica la violación de los derechos de los agentes de Policía que no tienen por qué estar cumpliendo misiones como ‘guardianes’ y  como lo dijo la Personería, los agentes recolectan entre ellos para comprar los candados de los calabozos, cuando se dañan y hacer ‘vaca’ para  evitar que una pared fuera derribada por los reclusos y pagar para hacer unas adecuaciones en la estación del barrio Aeropuerto.

Precisamente se ha dado a conocer una alerta temprana de la Personería de Cúcuta para ratificar la urgencia de que la Alcaldía de Cúcuta cumpla la Ley 65 de 1993 para que se tenga un lugar en el que sean recluidos adecuadamente a las personas sindicadas y no siga presentándose el dramático cuadro.

Las fotos actuales que acompañaron la nota de La Opinión titulada  “Como ‘sardinas en lata’, presos en estaciones policiales”, es una prueba vivencial de que este problema sí existe y que merece una atención inmediata por las implicaciones que puede tener en el evento que se salga de control.

Además, no quedaría muy bien que Cúcuta y Norte de  Santander tengan que enviar delegados gubernamentales a defenderse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el caso podría ser llevado por el organismo de control que protege, defiende y promueve los derechos de las personas.

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