Palabras, palabras, palabras, dice una canción que se ajusta perfectamente a lo dicho el 25 de mayo de este año, en Cúcuta, por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, porque nada ha cambiado y la inseguridad continúa desbordada y sin control.

En aquella ocasión reveló que se iba a reforzar la Policía Judicial y el grupo Gaula para reducir el secuestro y la extorsión, pero la vida sigue igual: hace dos días, el Eln se adjudicó la instalación de un explosivo en una planta de carbón en San Faustino, que dejó un empleado fallecido, de apenas 21 años; hace pocos días en Ocaña un agricultor se le escapó a la guerrilla del Eln que exigía una fuerte  suma de dinero por su liberación.

Y peor aún, la tan anhelada Troncal del Catatumbo acaba de sufrir un golpe demoledor por el grave deterioro del orden público. La firma contratista de los trabajos ha sufrido amenazas, intimidaciones y hace poco le retuvieron a 19 trabajadores y maquinaria, hechos que degeneraron en la paralización de la obra.

Lo particular de este caso es que no es un proyecto cualquiera, pues tiene un presupuesto tasado en $304.000 millones para ser desarrollado en varios años, dentro del propósito de conectar a Tibú-El Tarra-Teorama-Convención-Ocaña.

 Y las comunidades de esos municipios, en particular, y del departamento en general, no entienden la razón para que el Gobierno Nacional no le preste la atención debida, dándole las medidas de seguridad y  las garantías necesarias a la empresa encargada para que no suspenda las actividades que, como sabemos, acarreará a futuro mayores inconvenientes y complicaciones  para lograr ejecutarlo.

Este escenario en que los grupos ilegales siguen operando a sus anchas, aún está lejos de lo expuesto por el ministro Velásquez: “es necesario recuperar al Catatumbo para el Estado, porque sabemos que hoy está en manos de los ilegales”.

Y los extorsionistas siguen haciendo de las suyas en esta zona del país, puesto que los empresarios, comerciantes, carboneros y palmicultores, entre otros, siguen siendo objeto de vacunas por parte de grupos al margen de la ley.

Aquí no podemos dejar de lado que  Norte de Santander se encuentra en el oprobioso listado de los departamentos mayormente afectados por este flagelo, junto con San Andrés, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca, Tolima, Cauca, Chocó, Meta y Bolívar.

Si eso es así, ¿por qué no hay una estrategia extraordinaria por parte de las autoridades para contener este problema que ha ido en crecimiento y se constituye en un elemento que le resta grandes puntos a la competitividad regional, puesto que la hace menos propensa a lograr la atención de potenciales inversionistas?

 Entonces, el duro día a día violento al que nos hemos acostumbrado a la fuerza en tierras nortesantandereanas, pone en entredicho la probable efectividad de las acciones descritas en varias de las afirmaciones que a finales de mayo hiciera el ministro Velásquez, prometiendo estrategias para poner freno a estos flagelos que están transportando a los nortesantandereanos a épocas oscuras, que ya creíamos superadas. 

En esa visita de mayo, el ministro aseguró que “contra quienes no están en el cese, las Fuerzas Militares y la Policía pueden desarrollar todas las actividades sin ningún límite, siempre respetando los derechos humanos y la legalidad. Pueden actuar con operaciones ofensivas, pero quienes están en el cese, se suspende por decreto las operaciones ofensivas, que comprende la planeación de una operación para encontrar al enemigo y producirse un combate. Eso no significa que haya inactividad o imposibilidad de actuar respecto de los delitos que esas organizaciones cometen”.

Hasta el sol de hoy, lo único que alumbra en estas tierras fronterizas es una violencia que agobia a los habitantes porque si no es el terrorismo, es el microtráfico o es el atraco o es el secuestro o es la intimidación para el pago de vacunas o es el asesinato por contrato, razones más que suficientes  para que de la palabra se pase a la acción real y concreta. Ya es hora, ministro.

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