Primero los acorralaron y llevaron a gobernar en las más críticas condiciones. Después los hicieron salir de sus pueblos para despachar a control remoto. Y luego la puerta del exilio se abrió para salvar la vida y la de sus familias.

En esos pasajes se resume la triste historia de Ider Humberto Álvarez, alcalde de La Playa de Belén, municipio nortesantandereano considerado bien de interés cultural de Colombia y también reconocido por tener en sus terrenos a Los Estoraques, un parque natural de  grandes atractivos.

Y con lo que le acaba de suceder a su gobernante, queda consignada como una de las localidades donde la violencia le hizo terminar a la fuerza su periodo para terminar saliendo a refugiarse en otra parte del mundo y evitar ser víctima de quienes lo intimidaron.

Una situación similar enfrenta Tibú, en el corazón del Catatumbo, puesto que su alcalde Nelson Leal López está despachando desde Cúcuta los asuntos de municipalidad, en una confirmación de la inestable situación de orden público en esta zona del departamento.

Que la cabeza visible de una municipalidad que, además fue elegida por sus gobernados tenga que alejarse de su territorio por amenazas e intimidaciones es una afrenta contra la democracia local por parte de los violentos, violando de por  sí los derechos ciudadanos.

Lo peor es que no es uno sino dos en un mismo departamento y en la propia zona de influencia de la mayoría de grupos armados ilegales, el narcotráfico y las bandas criminales.

Esto implica que el Gobierno, la Policía, el Ejército y la justicia actúen con presteza en esta área del departamento para que así la comunidad sienta que está protegida y que el Estado y sus instituciones no les han dado la espalda.

Además, no se trata de cualquier hecho, sino nada menos que del deterioro de la institucionalidad del Ejecutivo en el orden municipal, porque al ya no estar el alcalde viviendo en su jurisdicción sino lejos de ella, implica diversidad de complicaciones.

No es lo mismo poder estar en el despacho presidiendo un consejo de gobierno o en la instalación del Concejo o en los barrios y veredas en contacto con los habitantes, que gobernar desde la virtualidad.

Un ‘alcalde virtual’ no es lo mismo que uno que la gente sepa que se encuentra  en la casa o en el despacho o visitando las obras, y no refugiado en Cúcuta o en Ocaña  porque los actores violentos lo pusieron en la mira.

El mensaje de estar los alcaldes en la mirilla de las organizaciones que provocan zozobra y manejan el crimen organizado en estas zonas, es que ellos quieren generar caos y desinstitucionalización para intentar convertir esos municipios en una tierra sin dios ni ley, con el agravante de que esto puede generar desestimulo en las próximas elecciones.

Un pueblo al ver que sus gobernantes elegidos por voto popular son sacados por la fuerza de los fusiles y los atentados, puede llegar a considerarse igualmente intimidado, asunto en el cual se debe trabajar para evitar que esto se materialice en baja afluencia a las urnas.

Que Tibú y La Playa de Belén tengan alcaldías pero sus alcaldes ni siquiera se  puedan arrimar a ellas porque los tienen sentenciados los enemigos de la democracia, debería ser expuesto ante instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque ese accionar es una limitación de los derechos políticos de elegir y ser elegidos, al igual que una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, cuyos organismos deberían considerar esto que sucede en nuestro departamento.