Aunque para las regiones los resultados de la gestión de los presidentes de turno han dejado siempre sinsabores, no había asistido el país a tantos roces públicos, desencuentros y cruces de palabras entre la Presidencia de la República y los 32 gobernadores, como ocurre en estos momentos.

Frente a los colombianos esto se convierte en un factor más de incertidumbre de gobernabilidad al ver a quienes representan la figura del poder Ejecutivo (el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno y los gobernadores) en constantes enfrentamientos por diversidad de asuntos, frente a sus gobernados.

El agrietamiento institucional que surge de todo esto puede llegar a causar serios daños a las diferentes instancias de poder, puesto que pareciera que ya ni unos ni otros parecen tener el más mínimo respeto por el otro, surgiendo ácidas pullas de lado y lado.

Está aún fresca la afirmación que hiciera el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien trató de hipócritas a los gobernantes departamentales a quienes también señaló de estar haciendo político con el caballito de batalla de la inseguridad.

Recordemos que ahí fue Troya y la Federación Nacional de Departamentos de inmediato ripostó con este mensaje: “Señor presidente, Gustavo Petro, estamos seguros que las declaraciones emitidas por el ministro Velasco no representan su voz ni su sentir, ante lo cual, los gobernadores como voceros regionales e institucionales legítimamente elegidos por el pueblo esperamos que llegue el cambio a la cartera del Interior con un ministro que respete a las regiones y sus autoridades”.

Entonces, la grieta se profundizó  y agrandó con las consabidas consecuencias para quienes habitan en Norte de Santander, Nariño, el Cauca, Meta o Casanare, por ejemplo, porque de inmediato ese mal ambiente en las relaciones conduce a más complicaciones.

La inseguridad representada en constantes hechos violentos, el secuestro, la extorsión, los ataques a la Fuerza Pública y las hostilidades contra la población civil,  aparece como el motivo principal de esta  especie de ‘guerra fría’ entre la Presidencia y las Gobernaciones.

Entendiendo que este divorcio no conduce a nada bueno, ojalá el gobierno de Petro acoja lo expuesto por los gobernadores quienes le dijeron que no están “pidiendo protagonismos sino simplemente ser incluidos”.

Aprovechando que Petro les ha lanzado advertencias a sus funcionarios para que mejoren la gestión, sería oportuna que evaluara lo que le están diciendo: “Los gobernadores y gobernadoras no tenemos a quién acudir para llegar con una razón al presidente de la República. La alta consejera no está ejerciendo la función de ser ese enlace”, como lo afirmó el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo.

Y  de la ‘Paz Total’ que ellos consideran que ellos consideran está en crisis porque los grupos armados siguen delinquiendo,  el Gobierno debe escucharlos y tomar cartas en el asunto porque son precisamente ellos quienes están en las regiones que es donde se encuentra el termómetro para medir la efectividad o no de los programas de esa naturaleza.

Que exista la interlocución con el Ejecutivo es algo esencial porque los departamentos deben ser escuchados y atendidos por el nivel gubernamental central, pero es urgente que también haya un compromiso y una operatividad real de parte del Gobierno nacional para combatir la innegable ola de criminalidad que otra vez está sacudiendo a todos los rincones de Colombia y que trae recuerdos de las peores épocas del conflicto armado.

Es hora de una reunión entre Petro y los 32 gobernadores para aclarar las situaciones y entre todos poner la casa en orden con seguridad y justicia social.

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