En un territorio de abusos o, mejor dicho de atrocidades, fue convertido el Catatumbo por el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia del 33 frente de las Farc que ya completan dos meses y medio de su guerra por intentar convertirse en amos y señores de las economías ilegales e intentar someter a la población a sus designios.
Esos 98 homicidios que hasta el momento deja este violento episodio que empezó el 15 de enero no pueden quedar en la impunidad, sino que es necesario que la Fiscalía General de la Nación avance en los procesos para que se judicialice a los miembros de esos grupos armados y sus cabecillas, con el fin de que respondan ante la ley.
Es razonable el pedido por Human Rights Watch (HRW) al organismo investigador para que le dé prioridad a los casos de los abusos perpetrados por ambas organizaciones armadas ilegales, tanto antes como después de que estallaran las hostilidades en esa subregión de Norte de Santander.
Al suceder una crisis humanitaria de la magnitud de los 61.000 desplazados provocados por el Eln y la disidencia de las Farc, evidencia que ambos grupos están de espaldas al Derecho Internacional Humanitario y que actúan sin importarles los riesgos en que su acción genera en la población civil indefensa.
Por todo lo que ha venido ocurriendo a lo largo de estas semanas, los victimarios no pueden salir victoriosos sino pagar las consecuencias tanto nacionales como internacionales, como lo es por ejemplo la denuncia de HRW contra ambas estructuras armadas que quieren controlar el negocio del narcotráfico en la zona.
“Nuestra investigación apunta a que el Eln está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo”... “Las víctimas que entrevistamos también detallaron graves abusos del Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados”.
Esa carta de presentación ante el mundo que los muestra como grupos, que sin escrúpulo alguno, han degradado a tal extremo el conflicto con un actuar criminal en desarrollo de su plan de apoderarse o vigorizar su presencia en áreas estratégicas como el Catatumbo.
No es sino recordar que el Eln movilizó combatientes desde Arauca para su arremetida mientras la disidencia trasladó refuerzos para su contraofensiva, en un indicativo de que el fragor guerrerista no quiere dejar en paz a esta región nortesantandereana. Y aquí hay algo más que debe llamar a la reflexión y la toma de decisiones urgentes por parte del Gobierno, lo uno, el creciente reclutamiento forzado de niños venezolanos; y la advertencia de Human Rights Watch sobre algo en que se ha insistido, pero sobre lo que muy poco se ha hecho: “el Catatumbo, ubicado en la frontera con Venezuela, es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas. Durante años el Eln se ha beneficiado de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas”.
¿Qué va a hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro para eliminar ese factor? ¿Irá a exigir la persecución del Cartel de los Soles? ¿Va a denunciar internacionalmente a sus miembros?
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