Lo que está pasando en El Zulia, municipio del área metropolitana de Cúcuta, es otra confirmación sobre como el Eln ha afinado sus operaciones delincuenciales contra la población civil, en este caso concreto en la aplicación de la extorsión o del que se denomina ‘impuesto de guerra’.
Adicionalmente, ese desborde de la vacuna conforma el riesgoso cuadro de que la crisis de violencia del Catatumbo ha llegado con inusitada fuerza a esta parte del departamento, como ha sucedido en Villa del Rosario, en la capital de Norte de Santander y ahora en el municipio zuliano.
Es muy grave el perfeccionamiento que ha adquirido este grupo armado organizado que según el mismo Gaula, el Eln en esa región no ejerce la extorsión de manera tradicional, sino que ha impuesto un modelo diferente de control económico.
“Ellos han monopolizado la comercialización de productos en la región. Tienen un centro de acopio donde todos los empresarios están obligados a comprar, asegurándose así el dominio económico”, según un oficial.
Hasta las víctimas la señalan de ser “meticulosa que sabe hasta quien pagan y quien no”, comentario que debe tomarse más allá de una anécdota, porque ratifica el poderío que ha venido adquiriendo el grupo guerrillero guevarista ahora señalado por el presidente Gustavo Petro de estar dedicada al traqueteo.
Toda la sucesión de hechos que van desde el traslado de combatientes llegados de Arauca, la operación de ataque al Catatumbo, la acción de toma con las mismas características de los paramilitares, el armamento con el que cuenta, la sociedad con los carteles mexicanos y venezolanos del narcotráfico, lo muestran como una organización que se ha dedicado a lanzar planes para apoderarse de zonas estratégicas colombianas.
Pudiéramos concluir que el Eln aprovechó los diálogos dentro del proceso de la ‘Paz Total’ para que sus frentes de guerra se fortalecieran al tener dentro de la manga la carta de emprender las operaciones de fortalecimiento territorial y de acrecentamiento de las hostilidades contra la población civil.
Ese tipo de accionar del grupo que libra una guerra abierta contra la disidencia de las Farc y que señala al Gobierno nacional de lanzar una ‘guerra total’, requiere de parte de las Fuerzas Militares una respuesta contundente por el recrudecimiento del conflicto armado que ha producido, generando de paso una grave crisis humanitaria.
Ese desplazamiento forzado de 59.586 personas por culpa del explosivo accionar se esperaría que llegue a tener implicaciones internacionales de carácter jurídico en contra de los comandantes y miembros del Eln, por ser violatorio del Derecho Internacional Humanitario.
Lo único cierto hasta el momento, es que el Eln no tiene ningún interés de volver a la mesa de negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro, no porque lo hayan dicho sus integrantes, sino por la violenta forma de ‘hablar’ de sus fusiles, bombas y drones cargados de explosivos que tienen convertida esa subregión de Norte de Santander en una zona de guerra.
Es repudiable la forma de actuar de los ‘elenos’ que ha declarado hostilidades contra los nortesantandereanos incluyendo niños, mujeres y adultos, afectando las actividades económicas, generando un ambiente de riesgo permanente y, lo que es más grave, todo esto financiado por organizaciones transnacionales de la droga.
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