Algo está fallando y aunque ha pasado el tiempo no es tarde para intentar remediarlo y tiene que ver con la reparación de las víctimas del paramilitarismo en Colombia, que de acuerdo con la Contraloría General de la República, en una gran proporción se ha hecho con cargo al presupuesto de la nación.
Lo lógico, teniendo presente lo contemplado dentro del proceso de Justicia y Paz, luego de que hace 20 años se desmovilizaran las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia, es que esto se hubiera hecho con cargo a los bienes decomisados a los victimarios. Ante la ineficaz gestión del Estado, los colombianos terminaron soportando con sus impuestos este compromiso y no con las propiedades de quienes perpetraron las masacres, desplazamientos, despojos, confinamientos, desapariciones y homicidios.
Frente a esta observación del organismo de control, quien consideró muy grave que el Estado haya tenido que asumir la carga de la reparación, pese a que los victimarios han sido objeto de extinción de dominio en torno a bienes avaluados en $24.37 billones, las inquietudes aparecen por doquier.
¿Qué pasó con esos bienes? ¿Por qué si está calculada es billonaria cantidad a qué obedece que no sean usados para el pago de las indemnizaciones a quienes sufrieron los efectos de este pasaje del conflicto armado? ¿Se sabe dónde están?
Precisamente sobre este particular asunto que es urgente aclarar y someter a una reestructuración para que esta carga no siga siendo soportada por el presupuesto, recientemente hubo una polémica en torno a 400 bienes que entregó el excomandante del bloque Catatumbo, Salvatore Mancuso, y quien denunció que al parecer estaban perdidos.
Sobre este asunto, la Unidad de Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras estarían encargadas de hacer un rastreo de ‘propiedades perdidas’, pero sobre los que la Fiscalía General de la Nación tiene detallados registros y trazabilidad sobre su localización.
Una revisión a fondo es necesaria para tener una relación actualizada y proceder a hacer lo necesario para que se identifiquen aquellos a los que les hace falta la individualización de los mismos y saber con precisión cuántos fueron restituidos directamente o cuantos están en la Unidad Especial de Tierras Despojadas, por ejemplo.
Una actuación organizada de esa naturaleza permitirá que se cumpla lo señalado por la ley para que las indemnizaciones a las víctimas de Justicia y Paz lleve un orden específico y de esa manera utilizar -en primer lugar- los recursos económicos entregados por los postulados condenados.
Hay que acoger la sugerencia del contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra para que haya un procedimiento ordenado en ese, quien es muy crítico en el sentido de que en esta fase de Justicia y Paz dicho “proceso no se ha llevado a cabo de manera efectiva”.
Hay que ponerle cuidado a esto, porque el dato que dio el funcionario de que el 95,53% de los pagos se ha hecho con recursos presupuestales resalta la urgencia de entrar a enmendar los errores, corregir las fallas y enderezar el rumbo para que esos $24.3 billones que valen los bienes extinguidos vayan a resarcir el daño causado a los colombianos.
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