Con el inicio de diciembre, la discusión sobre el aumento del salario mínimo para 2025 entra en su recta final. Desde ya, la discusión para la subida anual arranca con posturas divididas: sindicatos piden alza del 10% y empresarios proponen un incremento del 6,5%.
Ante este panorama, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destacó que el ajuste debe hacerse con responsabilidad, teniendo en cuenta el lento crecimiento económico y la alta tasa de desempleo, que promedió el 10% en los últimos tres meses.
“La inflación viene bajando, pero de manera lenta. Cerrará el año alrededor del 5,2%, según nuestras proyecciones, después de alcanzar un 5,4% en octubre. Además, la productividad laboral, que el Dane anunciará en los próximos días, no será significativa debido al bajo crecimiento económico”, señaló Mejía.
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Un aumento prudente en el salario mínimo para evitar riesgos
Con el calendario definido, el debate sobre el salario mínimo para 2025 comienza a tomar forma en Colombia. La negociación, que reúne a empresarios, sindicatos y el Gobierno, ya deja entrever divisiones significativas entre las partes, con diferencias que superan los $45.000 en las propuestas iniciales.
Mientras el sector productivo plantea un incremento de 6,5% ($84.500), los sindicatos buscan un alza del 10% ($130.000).
Por su parte, el Gobierno, en cabeza del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se inclina por una propuesta del 6,2% ($80.600), basada en una inflación proyectada entre 5% y 5,2%, sumando un punto de productividad.
Frente a este panorama, el director de Fedesarrollo sugirió que un incremento del salario mínimo del 6% sería una cifra razonable. “Este ajuste permitiría mantener la capacidad de compra de los trabajadores formales sin poner en riesgo la generación de nuevos empleos. No podemos ignorar que la economía aún no crece al ritmo que necesitamos”, enfatizó.
Mejía recordó que en los últimos tres años se han aprobado aumentos significativos en el salario mínimo, lo que, si bien benefició a los trabajadores, también ha tenido impactos en los costos laborales de las empresas, especialmente en un momento en que el país enfrenta desafíos para reactivar su economía.
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“Este es un debate que afecta principalmente a los trabajadores formales que ganan alrededor de un salario mínimo. Por eso, la decisión debe considerar tanto la necesidad de preservar su poder adquisitivo como el impacto que tendría en la generación de empleo formal”, explicó el economista.
Datos del Ministerio de Trabajo revelan que entre enero y agosto de 2024, más de 10 millones de trabajadores (43,86%) ganaban menos de un salario mínimo, mientras que 3,3 millones (14,76%) perciben exactamente el salario base actual de $1,3 millones.
En contraste, solo el 23,42% de los ocupados formales ganan más de un salario mínimo, y menos del 5% recibe ingresos superiores a cuatro veces esta cifra.
Para Mejía, la clave está en encontrar un equilibrio que permita mejorar las condiciones de los trabajadores sin desincentivar la contratación. “Un aumento desproporcionado podría poner en riesgo la recuperación del empleo formal, algo que no podemos permitir en un contexto donde el crecimiento económico sigue siendo limitado”.
De acordar un incremento del 6,5%, el salario mínimo para 2025 quedaría en $1,38 millones ($1.384.500), mientras que la propuesta sindical llevaría este valor a $1,43 millones ($1.430.000). Ambas cifras excluyen el auxilio de transporte, un componente clave del ingreso total de quienes ganan el salario base.
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