La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reveló su estudio de cartera número 52 que arrojó como resultado que, a corte de junio de 2024, las deudas con 225 instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) alcanzó los $18,9 billones. Esta cifra representa un incremento de 12,8 % en el monto de cartera respecto a diciembre de 2023, cuando las deudas fueron por cuenta de $16,8 billones. Así mismo, que hay un incremento en el valor de la cartera en mora (deudas) y su concentración, que pasó de 54 % a 55 %.
Al respecto, la ACHC señaló que las entidades promotoras de salud (EPS) del régimen contributivo concentran el 49,8 % de la deuda total, que corresponde a $9,4 billones; le siguen las EPS del régimen subsidiado con el 25 % de la deuda, que corresponde a $4,7 billones; posteriormente está la categoría Estado (que incluye a los entes territoriales, la Adres y el extinto Fosyga), con el 9,2 %, que son $1,7 billones.
Las administradoras de riesgos laborales (ARL) son las que menos deuda presentan, con el 0,4 % del total, que representa $78.868 millones.
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El estudio de la Asociación mostró que entre los principales deudores morosos están la Nueva EPS, que aparece como el mayor deudor que tienen los 225 prestadores que reportaron información. La aseguradora acumula una deuda en los regímenes contributivo y subsidiado de $4,2 billones aproximados y una cartera en mora de $2,2 billones (53 % en mora). En segundo y tercer lugar están Medimás (en liquidación) y la EPS Sanitas, cuyos registros de deuda en mora son de $579.000 millones (100 % en mora) y $486.000 millones (39,3 % en mora) respectivamente.
Posteriormente, está la EPS Emssanar con una deuda morosa de $425.000 millones aproximados, lo que equivale al 65 % del total de su deuda. La quinta mayor deuda corresponde a la Adres (Administradora de los Recursos de la Salud) y al extinto Fosyga, quienes tienen una deuda total en mora conjunta de 415.000 millones, con una morosidad el 69,3 %.
Deudas de las EPS del régimen contributivo y subsidiado
El volumen de la deuda (a corte de junio de este año) de las EPS del régimen contributivo ascendió a $9,4 billones, con una morosidad del 53,1 %. La Nueva EPS es la principal deudora, con $3,6 billones aproximados y una morosidad del 53,3 %; seguida por EPS Sanitas, con una deuda de $1,2 billones y una morosidad del 39,3 %.
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Por su parte, en el régimen subsidiado la deuda ascendió a $4,7 billones, con una morosidad del 65,1 %. La principal deudora es Emssanar con $653.000 millones y una mora de $423.000 millones aproximados. Las siguientes con más deuda total son Savia Salud, Nueva EPS y Asmet Salud, con $641.000 millones, $627.000 millones y $426.000 millones, respectivamente.
Deudas de las EPS intervenidas por el Gobierno o con vigilancia especial
En cuanto a la cartera de las nueve EPS que están intervenidas o con medida de vigilancia especial, en conjunto adeudan más de $8 billones, lo que representa el 69,1 % de toda la deuda que tienen las EPS que se encuentran en operación. Adicionalmente, estas EPS tienen una cartera mayor a 60 días de $4,2 billones, que representa un 76,1 % del total de la cartera en mora de las EPS en operación.
De esas aseguradoras, las que concentran la cartera morosa más alta son Capresoca y Asmet Salud, con el 76,2 % y 74,8 %, respectivamente, seguidas por Emssanar con el 65 %, Dusakawi con el 62,5 % y Famisanar con el 53,4 %. Después están Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud (SOS) con una cartera morosa del 53 % y 47,3 %, respectivamente.
La EPS que tuvo un mayor incremento en su cartera entre diciembre 2023 y junio de 2024, fue Nueva EPS con más de $1 billón, lo que representa un incremento del 33,2 %. La segunda fue Sanitas, con un incremento de más de $253.000 millones (incremento del 25,6 %); mientras que la tercera fue Emssanar con un incremento de $107.000 millones (incremento del 19,6 %).
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Ante estas cifras, el director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, envió este estudio al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al superintendente del ramo, Giovanny Rubiano, junto a una tercera comunicación en la que solicitó que se implementen medidas de emergencia para garantizar el funcionamiento y operación continua del sistema asistencial y de prestación de servicios.
“Se tiene que obligar a las entidades a utilizar la totalidad de los recursos para la prestación, descontando los puntos que corresponden a la administración, para lo cual el Gobierno tiene los instrumentos legales y reglamentarios para hacer mandatorio y claro el monto de los recursos”, expresó Giraldo.
Finalmente, reiteró que el giro directo no ha alcanzado el impacto requerido y exhortó al Gobierno a obligar a todas las entidades a cumplir con la disposición y postulación completa del recurso, no solo del (80 %) mínimo, sino que el restante porcentaje debe movilizarse desde la tesorería de las EPS.
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