Tal y como nos lo pintan las autoridades meteorológicas y ambientales del país y la región, este año el fenómeno de El Niño no sería uno más dentro del cambio climático que habitualmente hace presencia en el país. Los expertos advierten que podría ser lo suficientemente fuerte como para empujar al planeta a un punto de no retorno en el tema del calentamiento global.
Incluso, se habla de que podría alcanzar ribetes de Superniño, lo que ya es una señal frente a los cuidados y preparativos que se deben poner en marcha desde ahora, no solo por parte de los entes encargados del medio ambiente, sino también de los mismos ciudadanos.
Y si bien todavía está lloviendo en algunos municipios de Norte de Santander, también es cierto que Cúcuta, por ejemplo, ha soportado en las dos últimas semanas una fuerte sequía y altas temperaturas, por encima de los 37 grados centígrados, que podrían ser las primeras señales de lo que traerá el Superniño.
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De hecho, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Corponor ya han trazado planes y medidas de contingencia ante la inminente evolución de las condiciones climáticas en el país, las cuales empezarían a implementarse a partir del segundo semestre del presente año.
La comunicación está dirigida a una amplia gama de actores que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo gobernadores, alcaldes, coordinadores de gestión del riesgo, organismos de control y organizaciones sociales.
Los análisis técnicos que sustentan esta medida provienen de los monitoreos adelantados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los cuales indican que “la actual temporada de lluvias podría ser deficitaria”. Las proyecciones estadísticas señalan una “probabilidad del 61 % de desarrollo del fenómeno entre mayo y julio”, cifra que, según las estimaciones actuales, “podría aumentar progresivamente hasta superar el 90 % entre septiembre y diciembre de 2026”.
En el ámbito preventivo para el sector productivo, la Circular 028 resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección financiera, mencionando específicamente el impulso a los “seguros agropecuarios” como medida de mitigación ante las posibles pérdidas en el campo. Paralelamente, se ordena el “alistamiento de capacidades institucionales para la respuesta”, con un enfoque prioritario en la atención de incendios de cobertura vegetal.
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En concordancia con esto, La Opinión habló con la Corporación Autónoma Regional para la Frontera Nororiental (Corponor), que ya avanza en los alistamientos con las comunidades, en función de las medidas preventivas que se pondrán en marcha, identificando los territorios y las actividades en los que el fenómeno podría causar mayor impacto.
Expertos de Corponor manifestaron que este fenómeno climático se caracteriza principalmente por la disminución de las precipitaciones y el incremento de las temperaturas, condiciones que pueden generar impactos significativos sobre los recursos hídricos, los ecosistemas, la biodiversidad y las actividades productivas, además de aumentar el riesgo de desabastecimiento de agua y la ocurrencia de incendios forestales. (ver infografía).