La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), en el informe de Transición Energética de los Carbones Colombianos (TEC), diseñado en articulación con el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), alertó que una mala planeación de la política de transición podría traducirse en una caída de ingresos de hasta $38 billones para la economía nacional.

Las regalías y el impuesto de renta representan cerca del 95% de los ingresos que recibe el país por el desarrollo de la  minería del carbón, siendo un pilar clave para las finanzas públicas.

Una transición desordenada podría afectar de manera considerable a departamentos como Cesar y La Guajira, donde las regalías por carbón representan más del 100% de sus ingresos corrientes.

Lea aquí:  Presupuesto 2026: Congreso aprueba $546,9 billones, $10 billones menos de lo que pidió el Gobierno

 Estos efectos devastadores podrían llegar a Córdoba, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y los Santanderes, regiones donde el sector carbonífero no solo genera empleo, sino también aportes sociales y ambientales.

Las tres alternativas  

El informe plantea tres posibles escenarios para la descarbonización del país. El primero, llamado escenario intermedio, plantea que para 2060 se alcance la carbono-neutralidad, disminuyendo en un 85% la producción de carbones, aunque con un impacto menor, persiste el riesgo para las finanzas públicas de los departamentos dedicados a esta labor.

En la segunda ruta considerada como la más adversa, llamada ‘viento de frente’, presenta una transición más rápida y ambiciosa, con 2050 como meta, donde una caída del 89% en la producción dejaría con menos recursos a las regiones y sin tiempo para reconvertir los problemas que pueda generar en empleos y economías locales. 

Por último, aparece en escena la transición gradual, pensada entre 2070 y 2100, lo que permitiría aprovechar las reservas de carbón, mantener regalías y divisas por varias décadas. Esto daría tiempo para planificar la reconversión productiva y mantener la inversión social en las regiones.

El análisis refleja que una transición improvisada puede llevar a la pérdida de más de 74.000 empleos y la disminución de regalías de hasta un 60%, recursos que son destinados para la inversión en educación, salud e infraestructura de los municipios.

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, señaló que este debate es por el país, puesto que “el futuro fiscal de la Nación, la estabilidad laboral de miles de familias y la inversión social en 132 municipios de 11 departamentos dependen de una transición bien planificada”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .