Con un llamado a mirar de frente la realidad económica del país, pero sin perder la esperanza ni la vocación de empresa, se instaló en Barranquilla el Congreso de Empresarios: MiPymes en la Reconfiguración Global, organizado por ACOPI Seccional Atlántico. Durante el primer bloque de la jornada, voces del sector productivo, financiero y académico coincidieron en que las micro, pequeñas y medianas empresas siguen siendo el soporte del empleo y que necesitan un entorno menos incierto para seguir invirtiendo.

“No somos espectadores, somos protagonistas”

César Uparela, presidente de la Junta Directiva de ACOPI Seccional Atlántico, fue el encargado de abrir el Congreso con un mensaje de realismo y optimismo. Recordó que las MiPymes representan el 99,5 % del tejido empresarial, generan cerca del 80 % del empleo y aportan más de un tercio del PIB nacional.

En medio de tensiones geopolíticas, transformaciones tecnológicas y cambios en las reglas del mercado laboral, Uparela insistió en que los pequeños y medianos empresarios deben demostrar resiliencia, expresando que “los empresarios colombianos no nos detenemos. Nos reinventamos, generamos empleo, apoyamos a nuestras comunidades y mantenemos viva la esperanza de un país que produce, innova y exporta”.

Como primera intervención, la presidenta del Observatorio Nacional de la MiPyme y directora ejecutiva de ACOPI Seccional Atlántico, Rosmery Quintero, ofreció un recorrido por los principales riesgos que hoy afronta el mundo según el Foro Económico Mundial: conflicto armado, fenómenos ambientales extremos, polarización social, tensiones geoeconómicas y amenaza de recesión.

Quintero llamó la atención sobre la fragilidad fiscal del país, el bajo crecimiento, la dependencia de recursos naturales cuya exploración se ha frenado y el alto endeudamiento de ciudades que han hecho grandes inversiones urbanas sin tener claro cómo sostener su mantenimiento en el tiempo.

También alertó sobre la pérdida de participación en comercio exterior, de un 22 % antes de la pandemia a cerca del 6 % en la actualidad, y defendió una visión más amplia de internacionalización: “No es solo exportar; también es importar conocimiento, capacidades y relaciones que se queden en el territorio”.

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En contraste con la desconfianza hacia las instituciones, Quintero resaltó la confianza que aún existe dentro del sector empresarial: “Somos Colombia, somos Atlántico, somos Caribe, somos Barranquilla. No podemos permitir que esa confianza se pierda”.

Respecto a las Cadenas Globales de Valor y “no negociables” empresariales, Octavio Ibarra centró su discurso en cómo las MiPymes pueden aprovechar la reconfiguración global. Partió de un homenaje a quienes emprenden en Colombia, señalando que “ser empresario no es para cualquiera”. Explicó que el mundo vive una desaceleración económica, pero que “el hecho de que el mundo frene no significa que la empresa tenga que frenar”.

Con datos de la OCDE, comparó la inserción internacional de Colombia con la de México y Corea del Sur, concluyendo que el país sigue rezagado: se participa poco en los eslabones donde se genera mayor valor y se invierte menos del 0,8 % del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de los países desarrollados.

Recordó que Colombia es un país con alto espíritu emprendedor: 23 de cada 100 personas quieren crear empresa, pero existe una mortalidad empresarial cercana al 65 % en los primeros cinco años.

En la segunda parte de su intervención, planteó una lista de “no negociables” para cualquier empresa que quiera consolidarse y, eventualmente, vender en el exterior: orden financiero, una máquina de ventas que funcione, cultura de alto desempeño, cumplimiento de normas y certificaciones, ambición bien orientada, ejecución disciplinada y prácticas de gobierno corporativo que den confianza a socios, bancos y mercados.

“La reconfiguración global abre espacios, pero solo las empresas que tengan sus números claros, un equipo comprometido y capacidad de ejecutar podrán aprovecharlos”, concluyó.

Desde Chile, la ejecutiva de Mastercard, Ximena Baeza, mencionó que la digitalización del dinero se ha convertido en un requisito para competir. “Lo que hacemos en marketing, ventas y operaciones tiene que hablar el mismo idioma de los números. Si no, no sabemos si de verdad estamos ganando plata”.

Con datos de un estudio reciente en Colombia, señaló que el 67 % de las pymes que no aceptan pagos digitales han tenido que rechazar clientes al menos una vez por semana. “Hoy, decir ‘solo recibo efectivo’ es decir ‘estoy dispuesto a perder ventas’”, comentó, relatando un caso personal en el que no pudo comprar por falta de esta opción.

El 91 % de las pymes encuestadas considera que los pagos digitales mejoran la experiencia del cliente, y el 87 % los ve como una ayuda concreta para ahorrar tiempo y ordenar la contabilidad. Además de facilitar las ventas, estos medios permiten relacionarse mejor con proveedores, en especial los internacionales, y construir un historial que luego sirve para acceder a créditos.

Baeza explicó que la digitalización con sentido pasa por tres pasos: visibilidad en tiempo real de ventas e inventarios; conexión de ventas, stock y contabilidad en un mismo sistema; y automatización de tareas repetitivas, como conciliaciones o pagos de facturas. Según sus estimaciones, cerca del 80 % del trabajo administrativo puede automatizarse.

Su mensaje final a los empresarios se resume en cuatro palabras: flexibilidad, digitalización, datos y tecnología. “Digitalizar no es una moda; es una manera de evitar errores, ganar tiempo y tomar decisiones más acertadas. En muchos casos, es la diferencia entre seguir abierto o cerrar”.

El primer bloque del Congreso dedicó un espacio amplio a entender la situación fiscal del país y su impacto sobre las MiPymes. En una presentación inicial y en el conversatorio “¿Y las finanzas qué?”, los expositores hicieron un recorrido por las cuentas del Estado, el comportamiento de los ingresos y el crecimiento del gasto.

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Recordaron que la pandemia llevó el déficit fiscal a niveles cercanos al 8 % del PIB: se cerró la economía, se asumió el costo de la atención en salud y se financiaron programas de reactivación. Ese hueco se cubrió con deuda, como ocurrió en buena parte del mundo.

El problema vino después. Según los expertos Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, y Juan Alberto Londoño, exministro de Hacienda, el gobierno interpretó el rebote postpandemia como si fuera un cambio permanente y proyectó para 2023 y 2024 un crecimiento económico que nunca llegó. Con base en esas expectativas, se planeó un nivel de gasto muy superior al ingreso real. Cuando la economía creció solo entre 1 % y 2 %, el recaudo se quedó corto y el presupuesto quedó desfinanciado.

A esto se suma el aumento constante de los beneficios tributarios, que casi se duplicaron entre 2019 y 2024 y que, en la práctica, son aprovechados sobre todo por empresas grandes. El resultado es un sistema que recauda menos de lo que podría y en el que la carga termina concentrándose en un grupo pequeño de contribuyentes.

En materia de gasto, los ponentes mostraron que el funcionamiento del Estado y el servicio de la deuda mantienen una marcha ascendente, mientras que la inversión en carreteras, infraestructura y proyectos productivos se convierte en la parte variable que se ajusta cuando la caja no alcanza. La ejecución de la inversión en 2024 es una de las más bajas en 25 años, y los rezagos presupuestales superan los 60 billones de pesos.

El déficit previsto para 2025 ronda el 7 % del PIB y los analistas temen que sea aún mayor. Esto tiene efectos directos sobre las empresas: al subir el riesgo del país, se encarecen las tasas a las que el Estado se endeuda y, con ello, también el costo del crédito para compañías y hogares. “El Estado no sufre solo; lo sufre cada ciudadano”, resumieron.

De cara al futuro, los panelistas insistieron en la necesidad de frenar el crecimiento desordenado de la burocracia, revisar los beneficios tributarios, cuidar la calidad del gasto y dar estabilidad a las reglas de juego. Propusieron, entre otros puntos, simplificar el sistema tributario, ampliar gradualmente la base de contribuyentes, incentivar la inversión productiva —por ejemplo eliminando el IVA a los bienes de capital— y garantizar periodos amplios de estabilidad normativa.

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