El nuevo modelo de aseguramiento en salud que impulsa el Gobierno, a través del Decreto 858 y la Resolución 1789 de 2025, podría generar afectaciones en el sistema. Así lo advirtió el centro de pensamiento Así Vamos en Salud, asegurando que la reorganización territorial obligará a 2,3 millones de usuarios, 4,4% de los afiliados, a cambiar de EPS en los próximos seis meses.
La medida busca consolidar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo bajo un esquema de 10 regiones y 119 subregiones funcionales. Sin embargo, el análisis técnico advierte que la transición conlleva riesgos inmediatos en el acceso a servicios básicos, continuidad de tratamientos y sostenibilidad de las aseguradoras. “Los pacientes no solo perderán la EPS que eligieron, sino que desconocen cuál entidad asumirá su atención. Esa incertidumbre, en sí misma, ya vulnera un derecho esencial”, señaló el informe del observatorio.
Cajacopi cedería 30,5% de su población afiliada, Coosalud 17,8%, Asmet Salud 17,1% y Famisanar 13%. Por otro lado, Sanitas, Sura y Salud Total perderán entre 1,3% y 3,8%, mientras que la Nueva EPS conservará a sus más de 11,7 millones de usuarios gracias a la excepción otorgada a las entidades con más de 20% de la afiliación nacional.
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El cambio también redefine la habilitación territorial: ahora será por subregiones y no municipio por municipio. Esto obliga a aseguradoras como Capresoca a pasar de 36 a 175 municipios, o Sanitas de 415 a 646, ampliando operaciones en zonas donde nunca han tenido presencia. Adicionalmente, entidades intermedias pierden terreno: Cajacopi reduce su cobertura de 342 a 116 municipios; Coosalud, de 297 a 143; y Salud Total, de 442 a 291.
Las regiones más golpeadas serán la Noroccidental, el Centro Oriente y el Sur, donde la pérdida de afiliados de EPS intermedias amenaza la continuidad de servicios en áreas con baja infraestructura y alta dispersión geográfica. La pregunta es hacia dónde serán trasladados los usuarios. Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud, advirtió que existe una “gran incertidumbre” y no descartó que buena parte de la población sea asignada a la Nueva EPS. “Si uno presupone la lógica del Gobierno, no sería descartable que en muchas partes del país esa fuera la prioridad de asignación”, señaló.
El decreto también traslada la atención primaria a los Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), aún sin hoja de ruta definida, lo que abre la puerta a un esquema más fragmentado y menos eficiente. A ello se suma la ausencia de un ajuste financiero: no hay cambios en la Unidad de Pago por Capitación ni compensaciones por asumir pacientes de alto costo, lo que amenaza la viabilidad de varias EPS y presiona a gobernaciones y alcaldías, que deberán asumir nuevas responsabilidades sin recursos adicionales.
La expedición del Decreto 858 es vista por analistas como una “reforma por decreto” que evita el paso por el Congreso. Según información de El Tiempo, Andrés Vecino, académico de la Universidad Johns Hopkins, aseguró que "más allá de mejorar el sistema, de fondo este decreto es acerca del uso de los recursos de la salud”.
En el mismo medio destacan que Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, advirtió que la norma modifica, por vía administrativa, aspectos que deberían ser materia de ley, lo que abre la puerta a demandas de inconstitucionalidad.
Mientras el Consejo de Estado estudia recursos contra la medida, la urgencia del sector es garantizar que la transición no derive en traumatismos para los pacientes. “Es fundamental que se definan reglas claras sobre qué EPS recibirán a los 2,3 millones de usuarios y cómo se garantizará la continuidad de tratamientos en curso”, concluyó el informe de Así Vamos en Salud.
Tomado de La República
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