Solo 48 horas separaron los dos anuncios más relevantes y recientes de la paz total del Gobierno. Primero, el presidente Gustavo Petro generó una enorme polémica tras convocar a los grupos armados a participar de los diálogos que está realizando en las regiones para diseñar el Plan de Desarrollo; y, apenas dos días después, la narcodisidencia de “Iván Márquez” –Segunda Marquetalia– salió a decir que tenía disposición de acogerse a la propuesta para salir de la ilegalidad que le lanzó el Ejecutivo.

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La controversia se desató cuando el Jefe de Estado dijo este fin de semana desde Cali –en una declaración que pasó desapercibida– que los “diálogos regionales vinculantes” que se harán con las comunidades de 51 territorios también están abiertos a quienes “estando armados puedan participar del diseño colectivo de su territorio”. Un anuncio que implicaría que dichos ilegales que aún están en la ilegalidad opinen sobre las políticas públicas y el desarrollo de los municipios que han atormentado a sangre y fuego por décadas.

El anuncio de que esos ilegales puedan hacer sus propuestas levantó las suspicacias de la oposición y de expertos en paz de la talla del senador Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del Gobierno en los Acuerdos de Paz con la extinta guerrilla de las Farc y se mostró escéptico con la idea de Petro.

“Establecer conversaciones dentro de las comunidades con personas armadas es realmente inconveniente”, pues –según él– la participación en la democracia debería estar mediada por elementos comprobables como la dejación de armas, la desmovilización y el ingreso al Estado de Derecho.

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Pese a eso, el senador experto en temas de paz Iván Cepeda –militante del Polo y del Pacto Histórico– dijo que esa participación no implicaría que los criminales obtengan un “estatus político” ni que participen de manera directa y presencial, sino que tendrían que hacer llegar sus propuestas.

“Esto es un espacio en el cual cualquier ciudadano puede presentar una propuesta y el Gobierno verá si la admite o no, pero aquí no hay nada distinto a eso”, enfatizó Cepeda.

Pese a eso, la oposición advierte que, además de “revictimizante”, esa posibilidad para los armados podría dar visos de impunidad. La senadora Paola Holguín –del Centro Democrático– dijo que es “grave que se diga que criminales pueden participar en diálogos regionales y en el diseño colectivo del territorio”.

Para ella, quedan en el aire preguntas como cuál sería el papel de esos ilegales y bajo qué rol aportarían sus ideas. “¿Participan en calidad de qué?, ¿van a levantar órdenes de captura a todos para que puedan participar? Esto termina revictimizando a las víctimas, enviando el mensaje que delinquir paga y mostrando que es la sociedad y el Estado los que claudican frente a sus caprichos”, sentenció Holguín.

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Y en esto último está de acuerdo su colega de partido, la senadora María Fernanda Cabal: “El petrismo pretende sentar a las víctimas con los victimarios con la excusa de la paz total (...); una afrenta para el Estado de Derecho”.

Por ahora, la Segunda Marquetalia –liderada por el desertor de la paz “Iván Márquez– anunció que realizó un encuentro con todos los comandantes de sus estructuras en el que acordaron unirse a la paz total de la que ya hablaron con el comisionado de Paz, Danilo Rueda.

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