La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, al considerar que tomó decisiones abiertamente contrarias a la ley durante el proceso de licitación para la fabricación de los pasaportes colombianos.

Durante la audiencia, la fiscal del caso sostuvo que Leyva desvió y abusó del poder que le confería su cargo como Ministro de Relaciones Exteriores, al intervenir de manera directa en la licitación pública 001 de 2023, pese a que la competencia para dirigir el proceso contractual estaba legalmente en manos de la Secretaría General del Ministerio.

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Inicialmente, el comité evaluador recomendó entregar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió los requerimientos exigidos. En ese sentido, se citó para la adjudicación pública; pero, el 13 de septiembre de 2023, expidió la Resolución 7485 por medio de la cual declaró desierta la licitación con el argumento de que se presentó un solo oferente.

Ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue negado por el entonces ministro, a través de la Resolución 7540 del 14 de septiembre. Esta actuación no permitió al recurrente presentar formalmente un documento con sus argumentos y lo obligó a sustentar verbalmente. Las consideraciones carecían de sustento fáctico y jurídico.

El mismo día, Leyva Durán emitió una nueva resolución para declarar la urgencia manifiesta y así permitir que el contrato de pasaportes fuera asignado de manera directa, sin licitación y participación de otros aspirantes.

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Recientemente, Leyva fue sancionado con 10 años de inhabilidad por la Procuraduría. El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, al que estaba obligado como funcionario.

El ente de control precisó que la determinación de Leyva se basó en el hecho de que al proceso se presentó un único oferente, argumento que no era válido para declarar desierta la licitación, dado que la empresa cumplía con todos los requisitos definidos en los pliegos de condiciones.

En la decisión, firmada por el procurador general, Gregorio Eljach, se confirmó que Leyva Durán desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal. Por estos hechos, su falta disciplinaria fue calificada de manera definitiva como gravísima, cometida a título de dolo.

Al tratarse de una decisión de segunda instancia, el fallo no admite ningún tipo de recurso ante la Procuraduría.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva declaró desierta la licitación por cerca de $600.000 millones para la elaboración de los pasaportes. En su momento, el exfuncionario justificó su decisión alegando que el proceso licitatorio parecía estar dirigido a favorecer a la firma Thomas Greg & Sons, compañía que había mantenido el contrato durante los últimos 17 años, y que su intención era proteger los recursos del Estado y garantizar la pluralidad de oferentes.

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