El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, anunció este jueves, tras el Consejo Nacional de Estupefacientes, la puesta en marcha de un plan de vigilancia sobre seis sustancias químicas de uso hospitalario que también sirven como insumos para fabricar fentanilo.

La medida busca evitar la instalación de laboratorios en el país y el uso del territorio nacional como ruta de tránsito internacional de este opioide.

El funcionario explicó detalladamente que la decisión no busca prohibir estos elementos, pues son necesarios para tratamientos médicos y usos industriales legítimos, sino aumentar la supervisión sobre quién los compra y cómo los utiliza. De las seis sustancias mencionadas, cuatro quedaron bajo la vigilancia directa del Ministerio de Justicia, siendo estas el ácido clorhídrico, el cloruro de hidrógeno, el éter etílico y el tolueno. Por su parte, el Ministerio de Salud incluyó en su lista de control otros dos componentes esenciales para esta cadena de producción ilícita.

Idárraga aclaró que esta medida preventiva busca adelantarse a la crisis antes de que escale. El objetivo central es cerrar cualquier posibilidad de que las bandas criminales monten infraestructura de procesamiento en suelo colombiano. El ministro encargado enfatizó que con estas acciones enviaron un mensaje directo tanto a la comunidad local como a la extranjera sobre la negativa del país a permitir que se envenene a la humanidad desde estas fronteras.

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Según sus palabras, la meta es evitar que "se nos armen cocinas acá de fentanilo". Las empresas que usen estos insumos legalmente podrán seguir haciéndolo, pero ahora tendrán que someterse a reportes y seguimientos mucho más rigurosos por parte del Estado.

En cuanto al panorama general de la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno defendió la efectividad de sus estrategias actuales y rechazó las interpretaciones negativas sobre el aumento de cultivos ilícitos. El ministro encargado argumentó que el crecimiento exponencial del 53% en las hectáreas sembradas ocurrió durante el gobierno anterior, con corte al año 2022, y que esa responsabilidad no recae sobre la administración actual. Por el contrario, señaló que las nuevas políticas lograron desacelerar ese crecimiento, reduciéndolo al 22%.

Para sustentar su posición, el funcionario indicó que la estrategia se centró en golpear las finanzas de los grandes capos y no en perseguir al campesino o al consumidor, a quien consideran un asunto de salud pública. Destacó que este enfoque permitió alcanzar cifras históricas de incautaciones de droga a nivel mundial.

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Además, adelantó que durante la próxima semana realizarán una labor pedagógica intensa para demostrar técnicamente que la metodología aplicada está funcionando para frenar el enriquecimiento de las organizaciones criminales, a pesar de las discusiones técnicas que aún mantienen con organismos internacionales sobre la certificación y medición de los cultivos.

Durante su intervención, Idárraga también se refirió a los recientes escándalos de corrupción que salpicaron a altos funcionarios del Gobierno, específicamente el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Al respecto, solicitó celeridad a los entes de control para esclarecer la verdad sobre la presunta participación de los ministros Velasco y Bonilla, expresando su confianza en que ellos podrán defenderse conforme a la ley. Sin embargo, hizo un llamado enérgico para que la justicia opere con la misma rapidez en todos los frentes y no solo en los casos que involucran al actual Ejecutivo.

El ministro cuestionó el silencio o la lentitud procesal en otros expedientes graves de corrupción nacional. Preguntó qué sucedió con las investigaciones sobre el robo de los recursos de la paz (Ocad Paz) y con los procesos que vinculan a clanes políticos tradicionales con el narcotráfico.

Su reclamo se basó en que, aunque existen denuncias, la percepción del Gobierno es que la justicia avanza de manera selectiva. Idárraga insistió en que no piden impunidad para nadie, sino que exigen resultados concretos y equitativos para todos los casos de corrupción que desangran al país, sin importar el color político de los implicados.

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Finalmente, el jefe de la cartera de Justicia encargado expresó su preocupación por lo que considera una politización de los entes investigadores en tiempos preelectorales. Criticó que informaciones y denuncias que reposaban en la Fiscalía desde hace más de un año salgan a la luz pública justo ahora, interpretando esto como una maniobra calculada para desprestigiar la gestión del jefe de Estado. Hizo referencia específica a los ataques contra miembros de la inteligencia y del Ejército, sugiriendo que detrás de estas denuncias tardías podría existir una pugna interna por el poder dentro de las Fuerzas Militares.

El funcionario cerró su declaración reiterando la disposición del Gobierno para que se verifique la veracidad de todas las pruebas, como los chats mencionados en las investigaciones, pero mantuvo su postura crítica frente a la diligencia selectiva de los organismos de control. Para el Ejecutivo, resulta sospechoso que casos de corrupción denunciados por oficiales como el general Huertas solo cobren relevancia mediática y judicial cuando estos funcionarios se reintegran al servicio o cuando el ambiente político electoral comienza a agitarse.

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