El Gobierno del presidente Gustavo Petro abrió definitivamente la puerta para reconocer la existencia de Zonas de Reservas Campesinas en áreas que, históricamente, han sido protegidas de la deforestación. Ya se firmó el decreto.

“Con este cambio, honramos desde el Gobierno el reconocimiento del campesinado y las comunidades étnicas dentro de la conservación de toda la biodiversidad, así como el cuidado de todos los bienes comunes de la naturaleza mientras ejercen una actividad agrícola familiar y sostenible”, señaló la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino durante la firma del decreto este 13 de septiembre.

Es que la estampa presidencial transformará la mirada que le ha dado el Estado a la protección de los recursos naturales desde 1959.

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“Lo más trascendental de la modificación del decreto reside en que en las Áreas de Reserva Forestal de Ley 2° —que han venido siendo habitadas históricamente por el campesinado— se regularice su ocupación y tenencia, para que el Estado acompañe a estas familias rurales en procesos de conservación y restauración. Además, permite seleccionar y delimitar, reconocer y constituir Zonas de Reserva Campesina (ZRC) al interior de estas Áreas de Reserva Forestal de Ley 2”, explicó Carvajalino.

Las ZRC no son un invento del gobierno actual. De hecho, existen y están reglamentadas desde 1994. Hasta ahora hay 17 reconocidas, 10 de ellas fueron aprobadas en la gestión de Petro.

“Permiten controlar la expansión inadecuada de la frontera agropecuaria; facilitan la ejecución integral de las políticas de desarrollo rural; protegen los recursos naturales y regulan la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos o propietarios de escasos recursos”, se lee en la reglamentación de la Agencia Nacional de Tierras.

¿Qué cambió?

El 17 de enero de 1959 el presidente Alberto Lleras sancionó la denominada Ley Segunda. Allí quedaron establecidas las zonas de reserva forestal y la prohibición expresa de explotar el suelo en esos lugares. Ya en 1996, cuando tomó forma la idea de las ZRC, el decreto que las reglamentó también prohibió el asentamiento de campesinos en esas áreas protegidas. El Gobierno Petro le dio la vuelta.

Ese impedimento, por ejemplo, era una barrera para que los campesinos que están asentados allí accedieran a los títulos de propiedad de la tierra que ocupan. De otro lado, en los países de la Unión Europea prohiben desde 2023 la importación de productos que sean cultivados en áreas protegidas.

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“Esa prohibición desconocía varios contextos. El primero es que a raíz del conflicto armado al campesinado le tocó desplazarse forzadamente montaña arriba y ahora tiene un arraigo y un vínculo con el espacio que ocupa. El otro es que el campesino es el primer llamado en conservar el ambiente y los recursos naturales, porque en últimas son la materia prima y fundamental de su trabajo”, argumentó Eliécer Morales, vocero de la Agenda Nacional Campesina.

De los 170 municipios que fueron incluidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial –una iniciativa que pretende llevar en pleno lo acordado en el proceso de paz de 2016– hay 98 que se encuentran en zonas de reserva forestal. Allí hay al menos 11 millones de habitantes.

Hasta ahora existen 28 solicitudes radicadas de campesinos que buscan ser reconocidos en Zonas de Reserva Campesina; 9 de ellas están ubicadas en zonas de reserva forestal. Los cultivadores han insistido en que se comprometen a mantener altos estándares de protección del medio ambiente.

Son 514.000 familias campesinas que viven en áreas protegidas y que podrían beneficiarse. Con este vuelco normativo, el Gobierno también busca imprimirle el acelerador a los compromisos de su Reforma Agraria. Un análisis de Oxfam indicó en 2018 que en Colombia el 1% de las fincas tenían acaparado el 81% de la tierra productiva. Además, el 99% de los campesinos se repartía el 19% de los terrones sobrantes.

Por eso, el reconocimiento de reservas campesinas en zonas protegidas podría ser una salida al problema de la distribución de la tierra en Colombia.

El Gobierno Petro se comprometió a comprar un millón de hectáreas durante su mandato y hasta julio pasado las cifras indicaban que este proceso apenas alcanza las 104.000 hectáreas. La promesa de la Reforma Agraria —que se estableció en el punto 1 del Acuerdo de Paz de 2016— era entregar tres millones.

El reto del Gobierno ahora será garantizar el derecho de los campesinos a labrar la tierra y, al tiempo, mantener las cifras de la lucha contra la deforestación.

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