El empresario venezolano Raúl Gorrín negó este domingo vínculos con la extesorera del fallecido expresidente Hugo Chávez, cuya extradición a Estados Unidos fue autorizada por la justicia española.
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Gorrín, propietario de la compañía de seguros La Vitalicia y del canal de televisión privado Globovisión en Venezuela, fue imputado en 2018 por lavado de dinero, conspiración y sobornos, y está en la lista de los más buscados por Estados Unidos.
"Quiero alertar que con pruebas falsas los EEUU pretenden, una vez más, vincularme con Claudia Díaz y [su esposo] Adrián Velásquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan", escribió en Twitter el empresario, y aseguró que el proceso en su contra tiene "motivaciones políticas".
Díaz, quien fuera enfermera de Chávez, ejerció como directora de la Oficina Nacional del Tesoro venezolana (ONT) entre 2011 y 2013. Detenida en España, la Audiencia Nacional decidió autorizar su extradición a Estados Unidos en octubre.
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Gorrín es investigado en un caso que vincula a Díaz y a otro funcionario de la ONT. Se le acusa de presuntamente haber lavado entre 2008 y 2017 más de 159 millones de dólares procedentes de corrupción en el país petrolero.
El empresario hizo referencia a dos transacciones en la acusación que presuntamente habría hecho a Díaz y Velásquez.
Explicó que la primera operación, por 281.050 dólares, la hizo a una empresa en marzo de 2013 para comprar "una lancha de uso personal", que luego vendió en 2014. Acompañó el tuit con presuntas copias de la factura y orden de transferencia.
Argumentó que la otra, por 4 millones de dólares, fue para una empresa de modas de una mujer española con el fin de cambiar ese dinero a bolívares, la moneda venezolana. Mostró igualmente supuestos comprobantes de la transacción.
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Según la acusación en su contra, los pagos relacionados con la trama de corrupción investigada involucrarían la compra de bienes raíces, yates, caballos de carreras y relojes de lujo.
Además, operaciones irregulares con el control de cambio que rige en Venezuela desde 2003, para tomar ventaja en la adquisición de bonos en moneda extranjera, cuando el mercado negro del dólar llegó a estar 30 veces por encima de la tasa oficial.
A la espera del juicio, la justicia norteamericana confiscó una veintena de edificaciones de lujo en Estados Unidos que relaciona con Gorrín, a quien en 2019 el Tesoro de ese país impuso sanciones.
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