Cinco años después de que se descubriera un laboratorio de procesamiento de cocaína en una hacienda vinculada al exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, los principales involucrados empiezan a recuperar la libertad sin que se haya logrado probar aún la relación del exfuncionario con el caso.
Todo se remonta a febrero de 2020, cuando miembros de la Policía Antinarcóticos, con apoyo de agencias estadounidenses, realizaron un allanamiento a la finca Aras de San Fernando, ubicada en la vereda Mariano Ospina del municipio de Guasca (Cundinamarca), y encontraron un complejo para el procesamiento de cocaína capaz de producir alrededor de una tonelada mensual. En el operativo se incautaron más de nueve kilos de cocaína y pasta base, y cinco personas fueron capturadas.
Ese laboratorio, sin embargo, resultó ser solo una pieza de una estructura mucho más amplia. Meses después, la Fiscalía detuvo a 12 presuntos integrantes de una red encargada de suministrar insumos químicos a ese complejo y a otros ubicados en Cundinamarca y los Llanos Orientales.
A pesar de esas capturas, los avances judiciales no han arrojado claridad sobre si Sanclemente sabía o no de su existencia, pese a que la finca pertenecía a una empresa vinculada a su familia. La mayoría de los procesados optó por negociar con la Fiscalía mediante preacuerdos, pero esos testimonios y aceptaciones de cargos no aportaron información suficiente para establecer responsabilidades más arriba en la cadena. Su colaboración con la justicia se orientó solamente a declararse culpables de los cargos y a cambio recibir una rebaja de penas.
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Por ejemplo, Pablo Castillo, Cristian Gómez, John Jairo Morales, Jhefer Castillo y Dumer Bohórquez, los primeros cinco capturados, fueron sentenciados a 102 meses de cárcel tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Los mayordomos, y piezas clave del caso, Laureano Martínez y Gustavo Enrique Bejarano, también fueron condenados a más de 10 años bajo la misma figura jurídica.
Y cuando la Fiscalía intentó profundizar en la presunta responsabilidad de Sanclemente, por ejemplo, mediante la firma de un principio de oportunidad con Laureano Martínez, quien había asegurado en diferentes ocasiones que el diplomático si conocía sobre los laboratorios, la información que aportó no tuvo sustento para los investigadores. “Entregó coordenadas de otros cristalizadores que no existían, y las coordenadas correspondían a lugares en plena vía pública”, indicó una fuente consultada por Colprensa.
Dados esos inconvenientes, la Fiscalía redirigió la investigación en otro hecho clave: el exembajador habría ordenado quemar todos los bienes muebles y enseres pertenecientes a la familia de Laureano Martínez tras una reunión con varios de sus empleados.
Entre los elementos que fueron quemados, según la Fiscalía, había un computador portátil, un computador de mesa, tres celulares, una tablet, tres memorias USB, un disco duro y una caja con cuadernos usados “que según el mayordomo contenía información respecto a todo lo desarrollado en torno a su finca con respecto a la construcción, manutención y todo lo desarrollado por el laboratorio encontrado”, explicó en su momento la Fiscalía.
El proceso contra Sanclemente está en hoy en día en etapa de juicio. Faltan dos testigos por presentar por parte de la Fiscalía y luego la defensa tiene programados alrededor de 13 más. Sin embargo, no es un caso fácil, según explicó una fuente cercana al proceso, porque son pocas las evidencias, sobre las que se sustenta. Las fuentes son principalmente testimoniales: Laureano, el mayordomo, su hija, y dos empleados.
Víctor Muñoz, abogado de Laureano Gómez, afirma, sin embargo, lo contrario. Según él, su colaboración “no ha sido parcial, sino amplia, detallada y consistente, aportando información que resultó determinante para esclarecer la verdad de los hechos ocurridos en el predio”.
Concretamente, aseguró que ha entregado la descripción puntual del manejo del lote donde se instaló el laboratorio, la explicación de la relación jerárquica que existía dentro de la finca, resaltando que, sin orden del propietario, el exembajador Fernando Sanclemente, no se adelantaba ningún tipo de actividad relevante, la información sobre los arriendos, el manejo contable y los registros que posteriormente fueron destruidos.
Este testigo clave que en libertad hace pocos días tras haber cumplido más de las tres quintas partes de su condena, que en total ascendía a diez años de prisión, de acuerdo con el fallo emitido por las autoridades. En los próximos días, se espera que pase lo mismo con y Gustavo Enrique Bejarano.
“Tanto el señor Martínez como el señor Bejarano reafirman su compromiso de presentarse personalmente ante el despacho cuando así se requiera, ya sea para ampliaciones, aclaraciones, valoraciones o cualquier actuación procesal necesaria”, afirmó Muñoz.
El tiempo, y el juez en este caso, tendrán la palabra para decidir si es suficiente o no la evidencia para condenar a Sanclemente.
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