La Defensoría del Pueblo advirtió que la población civil no puede ser sometida a restricciones colectivas ni a formas de control impuestas por actores armados, tras el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (Eln) de un “paro armado” de 72 horas en los territorios donde tiene presencia.

Según la entidad, este tipo de intimidaciones, que según esa organización iniciará mañana y se extenderá hasta el próximo miércoles, implica amenazas y coerción que derivan en bloqueos de facto y limitaciones a la vida cotidiana, con riesgo directo sobre el acceso a alimentos, salud, educación y otros bienes esenciales, especialmente en zonas históricamente afectadas por el conflicto.

“La población civil no puede ser instrumentalizada, ni sometida al miedo como método de presión o dominación”, señaló la Defensoría, al recordar que el derecho internacional humanitario prohíbe que grupos armados asuman funciones de autoridad, establezcan “normas” de convivencia o impongan restricciones generalizadas a comunidades enteras.

El organismo subrayó que cualquier acción que impida el abastecimiento o la satisfacción de necesidades básicas desconoce la obligación de respetar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, como lo establece el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra y puede derivar en escenarios de desplazamiento forzado o confinamiento.

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Ante el anuncio del Eln, la Defensoría activó mecanismos de seguimiento, monitoreo y verificación territorial, a través de sus regionales con el objetivo de identificar riesgos, acompañar a las comunidades y alertar a las autoridades sobre la adopción de medidas preventivas y de protección.

Entre las acciones recomendadas, la entidad mencionó la necesidad de garantizar movilidad segura, acceso a servicios esenciales y atención humanitaria oportuna, con énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes, liderazgos sociales, comunidades étnicas y población en condición de vulnerabilidad.

La Defensoría hizo un llamado directo al Eln para que se abstuviera de ejecutar cualquier acción que pusiera en riesgo la vida, la integridad y la dignidad de la población civil, y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a responder de manera inmediata, coordinada y proporcional.

Según el organismo, los denominados “paros armados” constituyeron una forma ilegítima de control territorial que afectó principalmente a la población civil, al restringir la circulación, paralizar economías locales, obstaculizar el acceso a servicios básicos y aumentar el riesgo de confinamientos, desplazamientos y otras violencias.

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