El río Pamplonita, afluente emblemático de Norte de Santander, su área metropolitana y Pamplona, podría convertirse este año en sujeto de derechos si prospera el Proyecto de Ley 012 de 2025, radicado en la Cámara de Representantes el pasado 20 de julio. La iniciativa ya cursa su primer debate en la Comisión Quinta Constitucional Permanente.
La propuesta, de autoría del representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Lozada, con el respaldo de su colega por Putumayo, Jorge Andrés Cancimance, tiene como propósito reconocer al río, su cuenca y afluentes como una entidad jurídica sujeta a conservación, mantenimiento y restauración por parte del Estado, con participación activa de las comunidades.
La ponencia está a cargo de la congresista tolimense Olga Beatriz Correa.
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Los derechos del río Pamplonita
El texto del proyecto consigna siete derechos fundamentales para el afluente:
1. Derecho a fluir libremente y mantener su curso natural.
2. Derecho a existir, persistir y regenerarse de manera natural.
3. Derecho a no ser contaminado y a mantener la calidad de su agua.
4. Derecho a conservar su biodiversidad y funciones ecosistémicas.
5. Derecho a la restauración integral en caso de afectaciones.
6. Derecho a ser defendido por los Guardianes del Río.
7. Derecho a ser representado legalmente en instancias administrativas y judiciales.
El representante Lozada aclaró que la lista no es taxativa, pues podrían sumarse otros derechos a través de decisiones judiciales o mediante la Comisión de Guardianes del río Pamplonita, de acuerdo con las condiciones socioambientales y culturales de la región.
Iniciativa ciudadana y audiencias públicas
La propuesta tiene sus raíces en la gestión de la Sociedad de Amigos del Norte, liderada por Alberto Monroy, que desde hace tres años impulsa el reconocimiento jurídico del río. “La conciencia ambiental por nuestras fuentes hídricas se ha despertado. Empezamos por el río Pamplonita, que durante décadas ha abastecido de agua a medio departamento”, expresó Monroy.
La Sociedad ha planteado, además, la posibilidad de extender el reconocimiento a la biocuenca del río Catatumbo, que junto con el Zulia y el Pamplonita desemboca en el Lago de Maracaibo, en Venezuela, conformando una gran cuenca binacional.
Para fortalecer la iniciativa, se propuso la realización de tres audiencias públicas: una en Bogotá con la colonia nortesantandereana residente en la capital, otra en Cúcuta y una más en Pamplona. Estos espacios permitirán recoger aportes ciudadanos para enriquecer el debate y definir la conformación de los Guardianes del río, figura clave en el proyecto.
Guardianes y participación ciudadana
De acuerdo con el articulado, cualquier persona que habite en la cuenca, incluso menores de edad, podrá declararse guardián del río Pamplonita mediante una manifestación formal o informal ante la Comisión de Guardianes. Estos tendrán facultades para ejercer los derechos consagrados en el Acuerdo de Escazú, como acceso a información ambiental, justicia ambiental y participación en decisiones que afecten al río.
“El Estado tiene el deber de reconocer, proteger y promover los derechos de los guardianes y de todas aquellas personas que defienden el río Pamplonita”, precisa el proyecto.
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Ambientalistas, veedores y profesionales independientes consultados por La Opinión coincidieron en que la declaratoria es un paso necesario para revertir el deterioro del afluente, afectado por la extracción de materiales de construcción, desvíos ilegales de agua y la falta de control en el uso de sus recursos.
Con este proyecto, el Congreso entra a debatir una de las propuestas más ambiciosas en materia de justicia ambiental en Norte de Santander, que podría marcar un precedente para otros ríos del país y de la región andino-caribeña.
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