Un grupo de campesinos acogidos al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en 2017 anunció que, a partir de hoy, realizará un plantón a las afueras de las oficinas administrativas de esta entidad, así como de Renhacer Catatumbo —programa de pago por sustitución creado en el marco de la Conmoción Interior—, tanto en Cúcuta como en Tibú.

La decisión surge del cansancio de estas comunidades que, pese a haber cumplido con su compromiso de erradicar la coca dentro del plazo establecido, aún no han recibido la retribución económica prometida por el Estado.

Un número significativo de familias solo ha recibido los 12 millones de pesos correspondientes a la asistencia alimentaria entregada durante el primer año de implementación del PNIS —es decir, hace siete años—, y continúan a la espera de los recursos para el desarrollo de los proyectos productivos contemplados en el plan de sustitución.

La molestia se agudizó luego de la última reunión sostenida este miércoles con delegados de la Dirección Nacional de Sustitución, en la que no se alcanzó un acuerdo respecto al plan presentado para el pago de los recursos, que en total ascienden a cerca de $19.600 millones.

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No obstante, no todas las familias tienen la misma deuda. En el marco de la Conmoción Interior se habilitó una ruta de implementación excepcional para aquellas que fueron desplazadas por la crisis humanitaria, lo que permitió entregarles el 50 % del monto en efectivo, mientras que el resto se hará de manera condicionada.

La inconformidad radica en las familias que continúan en la ruta ordinaria y reclaman el pago íntegro de los recursos, en una parte en efectivo y otra a través de una tarjeta comercial abierta, que les permita adquirir insumos en el establecimiento de su elección y no en los que determine la entidad.

Según Alexander Noguera, delegado de las familias campesinas, esta propuesta fue presentada por Gloria Miranda, directora nacional de Sustitución, en junio pasado como mecanismo para destrabar la implementación definitiva del PNIS.

Sin embargo, David Ávila, coordinador nacional territorial de la Dirección de Sustitución, aclaró que esta modalidad no es viable: “Estamos hablando de recursos públicos que provienen de un programa de desarrollo rural, no de un programa de transferencias económicas”, afirmó.

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“Una falta de respeto”

Para los representantes de las familias del PNIS, la propuesta es un irrespeto hacia los campesinos que creyeron en el programa y permanecen en el territorio esperando el cumplimiento de los compromisos.

 “Es injusto que digan que la plata del programa está y sigan las familias esperando esos recursos. Si vamos al caso, la plata está desde que nació el PNIS en 2017, eso nos dijeron desde el día uno, pero no sabemos dónde está, porque todo ha sido incumplimiento tras incumplimiento”, expresó Noguera.

Ante la inconformidad y la decisión de los campesinos de recurrir a las vías de hecho, Ávila señaló:  “Nos sentaremos a hablar con las comunidades para explicarles la situación y ser muy honestos y sinceros. Hay cosas que se pueden hacer y otras que no dentro del Estado colombiano”.

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El funcionario recordó que, durante el gobierno anterior, la implementación del Acuerdo de Paz tuvo un “fracaso rotundo”:  “Fueron cuatro años en los que las familias campesinas y cultivadoras de hoja de coca que creyeron en el programa no vieron avances en su implementación”, dijo.

Añadió que no se puede ir en contravía de las normas vigentes: “Nosotros no las creamos; ya estaban antes, las hicieron congresistas que, en su mayoría, eran aliados de este gobierno. Así es muy complejo”, puntualizó.

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