Diez meses después del recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo, los efectos de la crisis humanitaria siguen latentes en el territorio, mientras las comunidades aseguran que, a pesar del esfuerzo institucional, las acciones del Gobierno Nacional todavía resultan insuficientes.

Así se evidenció en la audiencia pública convocada por la Corte Constitucional el pasado martes, con el fin de verificar la respuesta integral del Estado ante la prolongada emergencia en el Catatumbo, tras detectar inconsistencias en las medidas adoptadas por las entidades y autoridades nacionales y departamentales.

Lea más: Inició recorrido humanitario en Tibú y El Tarra para documentar denuncias de las comunidades

Durante el encuentro, que se extendió por nueve horas, comparecieron ministros, directores nacionales, gobernantes y víctimas, para explicar qué ha ocurrido y qué se ha hecho en los últimos 300 días.
 

Impacto más allá del Catatumbo

En su intervención, Yudith García y Lina Marcela Mostacilla, representantes de la Mesa de Víctimas de Norte de Santander, señalaron que actualmente el conflicto ya no se circunscribe solo a la subregión del Catatumbo, sino que el impacto de la escalada violenta se siente en todo el departamento, debido al desplazamiento de los grupos armados ilegales hacia diferentes municipios.

García se refirió al incremento de los homicidios derivados de la guerra entre las disidencias del Frente 33 de las Farc y el ELN, así como a los riesgos de reclutamiento forzado, por lo cual pidió una mayor oferta para los jóvenes, tanto recreativa como educativa y de emprendimiento, especialmente en las zonas rurales.

Lea más: ¿Usted no sabe quién soy yo?: concejal de Ocaña protagoniza enfrentamiento con la Policía

Mostacilla, por su parte, planteó la necesidad de mejorar la articulación entre las diferentes instancias gubernamentales, con el fin de lograr una respuesta más eficaz a la crisis, así como una mayor presencia de los entes nacionales. “Vayan a los territorios, conozcan de verdad lo que está pasando”, instó la vocera.

Llamado de atención de la Contraloría

Ante el balance entregado por las víctimas, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, se refirió a la baja ejecución de los recursos asignados por el Gobierno a través del decreto de Estado de Conmoción Interior, lo que, según dijo, se corresponde con la sensación de insatisfacción entre comunidades y víctimas.

Rodríguez explicó que, de los 2,78 billones de pesos asignados al Catatumbo, entre los meses de enero y octubre se ejecutó apenas un 50 %. Indicó que, en ese período, se firmaron 22.473 contratos por $1,94 billones, de los cuales tan solo 55, por un valor de $24.657 millones, están relacionados con la crisis humanitaria y el decreto de conmoción.

Lea aquí: Los Patios tiene a Pisarreal, un barrio de núcleos familiares y curiosidades

Señaló que los sectores en los que se observan mayores avances son educación, inclusión productiva y atención humanitaria, mientras que los rezagos se concentran en infraestructura, vivienda y formalización de tierras, áreas donde radica el origen del conflicto.

En este contexto, anunció la creación del Tablero de Control Catatumbo, una herramienta digital para ejercer control fiscal sobre los recursos invertidos en la región.

Afectación profunda 

A su turno, la defensora del Pueblo, Iris Marín, fue enfática al señalar que la crisis sigue vigente y que se requiere una “respuesta estatal de alto nivel y coordinada que corrija las fallas en prevención, protección y atención”, con el fin de lograr una solución de fondo para el Catatumbo.

Señaló que “la población civil sufre en medio de la confrontación y está sometida al miedo”, mientras que “los grupos armados no respetan los principios humanitarios”. Agregó que “la presencia de la Fuerza Pública es limitada y que los actores ilegales son quienes, en general, autorizan la movilidad o cualquier acción en la zona”.

Sobre la situación de Tibú, dijo que, al igual que hace un año, recientemente se emitió una nueva alerta de riesgo inminente, en la que se recomienda al Estado retomar los diálogos con los grupos en conflicto y pedirles respeto por el derecho internacional humanitario, a fin de incentivar el desescalamiento del conflicto.

En líneas generales, presentó una radiografía crítica, sobre todo por la amenaza que representa el ingreso de nuevos grupos ilegales desde otros departamentos.

Por su parte, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, advirtió sobre “consecuencias funestas” para el Catatumbo si llegara a concretarse una eventual intervención de los Estados Unidos en Venezuela. Abogó, además, por la rápida reubicación de los firmantes del Acuerdo que permanecen en el territorio, así como por un mayor control por parte de la Fuerza Pública.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion